La opacidad se impone en el caso del polémico Boeing 747-300, mejor conocido como el “avión iraní-venezolano”, luego de que el gobierno mexicano clasificara por cinco años la documentación relacionada con su paso por Querétaro, en medio de una investigación internacional.

El gobierno de México cerró con llave y candado los documentos relacionados con el misterioso vuelo del Boeing 747-300 matrícula YV-3531, operado por la venezolana Emtrasur, que en 2022 fue inmovilizado en Argentina bajo sospechas de vínculos con grupos terroristas tras haber hecho escala en el Aeropuerto Internacional de Querétaro.

A través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), se determinó la reserva de información clave como certificados de aeronavegabilidad, registros de vuelo, seguros, y documentación de la tripulación, argumentando que su difusión comprometería una investigación internacional en curso. La respuesta oficial llegó a Infobae México después de una solicitud de acceso a la información que enfrentó demoras, prórrogas y un entorno cibernético hostil.

La AFAC aseguró que los datos requeridos están ahora bajo la égida de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte del expediente AJI/132/2022-P, en colaboración con otras agencias extranjeras. El gobierno alegó que divulgar esos documentos vulneraría la “asistencia jurídica internacional” y pondría en riesgo los procesos penales en marcha.

El avión llegó vacío desde Venezuela el 4 de junio, despegando al día siguiente en dirección al mismo país. Sin embargo, días más tarde fue interceptado en Argentina, con 19 tripulantes a bordo —cinco iraníes y 14 venezolanos— entre quienes destacaba el piloto Gholamreza Ghasemi, vinculado por el FBI a la Guardia Revolucionaria Islámica y a Hezbollah.

Las autoridades argentinas descubrieron en el celular del piloto material audiovisual sobre conflictos armados, armamento pesado, y líderes de las Fuerzas Quds. La reacción judicial no se hizo esperar: siete de los tripulantes continúan detenidos, mientras crecen las tensiones diplomáticas entre Argentina, Irán y Venezuela.

En el caso mexicano, también hay sombras. Documentos obtenidos revelan que la llegada del vuelo estaba originalmente prevista para el 2 de junio, pero fue postergada por falta de autorización. Durante su breve estancia, se realizó carga en territorio mexicano. Además, el Instituto Nacional de Migración identificó una discrepancia: el avión salió de México con 17 personas, pero aterrizó en Argentina con 19. Dos nuevos pasajeros de nacionalidad venezolana, sin aparente registro oficial, se sumaron durante el trayecto.

La ausencia de claridad ha detonado una serie de cuestionamientos sobre los controles migratorios, aduanales y de seguridad aérea en México. Expertos consultados señalan que el país podría haber actuado como plataforma logística sin supervisión real, lo que abre la puerta a diversas interpretaciones internacionales sobre la colaboración —pasiva o deliberada— del gobierno mexicano en la ruta del avión.

La presión internacional crece. Estados Unidos, a través de su Departamento del Tesoro, ha puesto bajo lupa a Fars Air Qeshm, empresa relacionada con Emtrasur y presuntamente utilizada por Irán para operaciones no comerciales. Mientras tanto, Venezuela condiciona cualquier diálogo interno con la oposición a la liberación del avión y sus tripulantes.

México, atrapado en el pasillo de las investigaciones, ha optado por el silencio institucional. La transparencia ha sido sustituida por reservas documentales que se extenderán hasta 2027, justo cuando nuevas elecciones podrían marcar el rumbo del país.

Nada grita “confianza ciudadana” como blindar por cinco años los documentos de un avión con vínculos terroristas, escalas sospechosas y tripulación misteriosa. Pero tranquilos: seguramente es solo un trámite… ya saben, de esos tan normales como invisibles.