“Crimen Organizado y Violencia Electoral: Desafíos en México”
Ciudad de México, 27 de mayo de 2024 — En un contexto electoral marcado por la violencia, los medios internacionales The Washington Post y The New York Times han puesto de relieve el crecimiento del crimen organizado en México y su impacto en las elecciones locales.
The Washington Post destaca la creciente violencia electoral, señalando que grupos criminales buscan apoderarse del control de gobiernos locales. Desde junio de 2023, al menos 36 candidatos a cargos de elección popular y 14 familiares han sido asesinados, y se sospecha que 28 de estos casos están relacionados con el crimen organizado. La magnitud de los comicios y el gran número de candidatos han contribuido al aumento de la violencia.
El director del Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa, advierte que los candidatos locales son especialmente vulnerables debido a la falta de recursos, lo que los convierte en blancos fáciles para el control de información y dinero por parte de los grupos criminales.
Por otro lado, The New York Times también aborda este tema, destacando que las elecciones del 2 de junio serán las más grandes en la historia de México, con 20 mil cargos locales en juego y más de 600 a nivel federal. La consultora Lantia Consultores ha identificado al menos 87 grupos armados regionales, además de los dos cárteles de presencia nacional: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En un giro inesperado, The Washington Post también revela la inmersión de los cárteles de la droga en el negocio de las tortillas en México. Según el Consejo Nacional de la Tortilla, al menos el 15% de las tortillerías (cerca de 20 mil) son extorsionadas. En 2023, 30 tortillerías en Morelos cerraron debido a la extorsión, y en Cuernavaca, el cobro del derecho de piso a estos negocios alcanza los 900 dólares (14,994 pesos). Incluso, los cárteles obligan a los agricultores a venderles maíz, asegurándose de que las tortillerías no compren en otros lugares.
El gobierno federal está tomando medidas para combatir la violencia electoral. Se han asignado elementos de la Guardia Nacional, el ejército y las fuerzas de seguridad federales para proteger a los candidatos. Sin embargo, la lucha contra el crimen organizado sigue siendo un desafío crucial en el proceso democrático de México.
The Washington Post destaca la creciente violencia electoral, señalando que grupos criminales buscan apoderarse del control de gobiernos locales. Desde junio de 2023, al menos 36 candidatos a cargos de elección popular y 14 familiares han sido asesinados, y se sospecha que 28 de estos casos están relacionados con el crimen organizado. La magnitud de los comicios y el gran número de candidatos han contribuido al aumento de la violencia.
El director del Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa, advierte que los candidatos locales son especialmente vulnerables debido a la falta de recursos, lo que los convierte en blancos fáciles para el control de información y dinero por parte de los grupos criminales.
Por otro lado, The New York Times también aborda este tema, destacando que las elecciones del 2 de junio serán las más grandes en la historia de México, con 20 mil cargos locales en juego y más de 600 a nivel federal. La consultora Lantia Consultores ha identificado al menos 87 grupos armados regionales, además de los dos cárteles de presencia nacional: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En un giro inesperado, The Washington Post también revela la inmersión de los cárteles de la droga en el negocio de las tortillas en México. Según el Consejo Nacional de la Tortilla, al menos el 15% de las tortillerías (cerca de 20 mil) son extorsionadas. En 2023, 30 tortillerías en Morelos cerraron debido a la extorsión, y en Cuernavaca, el cobro del derecho de piso a estos negocios alcanza los 900 dólares (14,994 pesos). Incluso, los cárteles obligan a los agricultores a venderles maíz, asegurándose de que las tortillerías no compren en otros lugares.
El gobierno federal está tomando medidas para combatir la violencia electoral. Se han asignado elementos de la Guardia Nacional, el ejército y las fuerzas de seguridad federales para proteger a los candidatos. Sin embargo, la lucha contra el crimen organizado sigue siendo un desafío crucial en el proceso democrático de México.