En una decisión que ha generado alarma entre organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos, la Casa Blanca, a través del Departamento de Estado, ha recomendado la eliminación de programas dedicados a la investigación de crímenes de guerra y violaciones graves a los derechos humanos en el mundo. Esta medida forma parte de una reestructuración más amplia impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, que incluye recortes en áreas como la crisis climática, los refugiados y la ayuda internacional.

Entre los programas afectados se encuentra una unidad especializada en documentar crímenes de guerra, cuya labor ha sido fundamental para investigaciones en curso en Ucrania, Myanmar, Siria, Colombia, Sudán y otros países marcados por conflictos armados y atrocidades masivas. La eliminación de estos recursos podría obstaculizar procesos judiciales internacionales y debilitar la rendición de cuentas de actores estatales y no estatales implicados en violaciones al derecho internacional humanitario.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, justificó la decisión alegando que el organismo “está sobrecargado, burocrático e incapaz de cumplir su misión diplomática esencial en esta nueva era de competencia entre grandes potencias”. Sin embargo, críticos advierten que esta narrativa encubre un retroceso en los compromisos históricos de Estados Unidos con la justicia internacional y los derechos humanos.


En Ucrania, la medida podría frenar el rastreo de niños secuestrados por fuerzas rusas, un caso bajo la lupa de la Corte Penal Internacional.

En Myanmar y Siria, donde se han documentado crímenes de lesa humanidad, la falta de apoyo técnico y financiero internacional podría entorpecer la recopilación de pruebas.

En Colombia y Sudán, donde se investigan ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual sistemática, el recorte amenaza con silenciar a las víctimas.

La decisión se enmarca en una política exterior más centrada en los intereses estratégicos de EE.UU., dejando en segundo plano los compromisos multilaterales. Para muchos analistas, este giro representa una señal preocupante para la arquitectura global de derechos humanos.