Por César Olvera
Fecha: julio de 2025

El combate contra el huachicol ha tomado un giro revelador. El reciente decomiso de más de 15 millones de litros de combustible ilegal y la retención de 129 carrotanques en Coahuila se convirtió en el golpe más contundente del Gabinete de Seguridad en lo que va del año. No se trata de tomas clandestinas ni estaciones improvisadas: la trama apunta hacia empresas legalmente constituidas y operativas en el sector energético.

La operación, encabezada por autoridades federales, reveló el presunto involucramiento de Ingemar S.A. de C.V., dedicada a la importación y comercialización de combustibles, y Belar Fuels, empresa con sede en Estados Unidos. Ambas son señaladas por presunta falsificación documental, lo que habría permitido el ingreso a México de volúmenes de hidrocarburos por encima de lo autorizado. Según fuentes de Reforma y N+, esta práctica habría permitido un esquema de huachicol fiscal, donde el contrabando se realiza mediante mecanismos legales simulados.

El expediente muestra que Ingemar recibió permisos en diciembre de 2023 por parte de la Secretaría de Energía (Sener) para importar 498.5 millones de litros de diésel, gasolina regular, gasolina premium y turbosina. A pesar del cambio de gestión en Sener en diciembre de 2024, los permisos fueron renovados, lo que abre interrogantes sobre los filtros administrativos y posibles omisiones de vigilancia regulatoria.

Además, Lambrucar y Crismon Hidrocarburos y Derivados, empresas aliadas a Ingemar, están vinculadas con el decomiso en Coahuila. Las investigaciones señalan que estas compañías habrían sido parte del traslado y distribución del combustible sin documentación clara sobre origen, cantidad y destino.

El Gobierno Federal ha afirmado que el nuevo enfoque contra el huachicol no solo combate el robo físico, sino que también rastrea los mecanismos financieros y administrativos que permiten este tipo de operaciones con aparente legalidad. El Gabinete de Seguridad anunció que se reforzarán los controles interinstitucionales entre Aduanas, Sener y la Procuraduría Fiscal para detectar inconsistencias en la importación de energéticos.

Expertos señalan que este caso podría abrir una nueva línea de combate al crimen económico en el sector energético, donde el contrabando no sólo implica daño fiscal sino también una distorsión grave en el mercado legal de combustibles. La lista de empresas involucradas podría crecer conforme avancen las indagatorias.