Por Redacción

Ciudad de México, 25 de junio de 2025. El Gobierno de México rechazó categóricamente los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Según el Comité, existen indicios de desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas en el país.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificaron de “inaceptables” las insinuaciones del organismo internacional. “En los gobiernos de la Cuarta Transformación no se promueve, ni se tolera la desaparición forzada”, afirmaron A.

Las autoridades mexicanas aseguraron que colaborarán con el proceso iniciado por la ONU y que responderán puntualmente a la solicitud de información. También reiteraron su compromiso con el combate al delito de desaparición de personas y anunciaron que cualquier servidor público involucrado será investigado y sancionado conforme a la ley A.



Colectivos de familiares de personas desaparecidas han reaccionado con escepticismo ante la postura oficial. “Negar lo evidente no ayuda a encontrar a nuestros seres queridos”, expresó una vocera del colectivo Hasta Encontrarles. Organizaciones de derechos humanos han señalado que la impunidad estructural y la falta de voluntad política siguen siendo obstáculos para la verdad y la justicia.

Cifras que incomodan.- México superó las 100,000 personas desaparecidas en 2022, según cifras oficiales. Aunque el gobierno actual ha impulsado reformas y creado registros nacionales, organismos internacionales como el Comité de la ONU han advertido sobre la falta de resultados concretos y la persistencia de patrones sistemáticos B.

¿Qué implica el Artículo 34?

El procedimiento activado por la ONU permite al Comité solicitar información urgente a un Estado parte cuando existen indicios fundados de desapariciones sistemáticas. Es la primera vez que se aplica este mecanismo contra México, lo que subraya la gravedad de las preocupaciones internacionales C.

El gobierno mexicano deberá responder formalmente a la ONU en los plazos establecidos. Mientras tanto, la tensión entre el discurso oficial y la realidad documentada por víctimas y organismos internacionales sigue creciendo.