Ciudad de México, 23 de mayo de 2025 – La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha iniciado el despliegue de su Misión de Observación Electoral (MOE) en México, con el objetivo de supervisar la primera elección popular del Poder Judicial, que se celebrará el 1 de junio. Este proceso marca un hito en la historia democrática del país, al permitir que los ciudadanos elijan directamente a jueces y magistrados.

Un equipo internacional para un proceso inédito

La misión está encabezada por Heraldo Muñoz Valenzuela, excanciller de Chile, quien ha liderado observaciones previas en México y Ecuador. La comitiva está conformada por 16 especialistas de 10 países, quienes analizarán aspectos clave como la organización y tecnología electoral, justicia electoral, judicatura y participación de mujeres.

Durante su estancia en México, los observadores de la OEA sostendrán reuniones con representantes del Gobierno, autoridades electorales, el Poder Judicial, candidaturas, sociedad civil y académicos para conocer diversas perspectivas sobre el proceso.

Evaluación y recomendaciones

Después de la jornada electoral, la OEA emitirá un informe preliminar con observaciones y recomendaciones, seguido de un informe final ante el Consejo Permanente. Este análisis será crucial para evaluar la transparencia y equidad del proceso.

Contexto y desafíos

México se prepara para su primera elección popular del Poder Judicial, en la que 99.7 millones de ciudadanos elegirán entre más de 3,400 candidaturas para renovar 881 puestos judiciales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, el proceso no está exento de controversia: organismos internacionales como la ONU, jueces y asociaciones civiles han expresado preocupación por una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado.

Antecedentes y financiamiento

Bolivia fue el primer país en implementar elecciones judiciales, observadas por la OEA en 2011, 2017 y 2024. La misión en México ha sido posible gracias a contribuciones de Canadá, Colombia, Corea, Estados Unidos, Francia, Panamá, Países Bajos y República Dominicana.

Este proceso representa un cambio profundo en el sistema de designación de jueces y magistrados en México. La comunidad internacional seguirá de cerca su desarrollo, mientras el país enfrenta el reto de consolidar un modelo de justicia más participativo y transparente.