Un informe elaborado por 200 ONG y entregado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, da cuenta del retroceso en la protección de diversos grupos sociales, fomentado por el gobierno de López Obrador en el sentido de que niega sistemáticamente que en México se violen los derechos humanos.

La resistencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador “no sólo de reconocer la continuidad” de la crisis de derechos humanos en el país “sino incluso de negarla del todo, arguyendo que en México ya no se violan derechos humanos, ha exacerbado la situación y generado retrocesos en la garantía y protección de determinadas poblaciones y derechos”, evalúan cerca de 200 organizaciones de la sociedad civil integradas en el Colectivo EPU mx, en el informe sombra entregado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El Informe sombra o alternativo es una herramienta de monitoreo y vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

El informe general y 17 bloques temáticos fe entregado previo al Examen Periódico Universal (EPU) sobre México que el consejo, compuesto por representantes de los Estados miembros de la ONU, realiza este viernes en Ginebra, Suiza.

A seis años de la última revisión a México, cuyos representantes presentaron resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto, en este cuarto ciclo del EPU, dedicado a la revisión del cumplimiento de convenciones internacionales firmadas por el país en materia de derechos humanos, las organizaciones que integran el Colectivo EPU mx, alertan de que la postura de negación del gobierno de López Obrador no sólo afecta “el diseño de políticas públicas y programas orientados a la prevención y erradicación de los abusos”, sino que se ha exacerbado “la resistencia al escrutinio internacional, los mensajes de deslegitimación a la observancia de la comunidad internacional -incluyendo la de las Naciones Unidas- y a las labores de observación de la sociedad civil organizada”.

Entre los temas de preocupación, las organizaciones sociales destacan que durante el gobierno de López Obrador se han perpetuado “situaciones de riesgo para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión”, en buena parte debido que el presidente, de manera constante, dirige “mensajes de deslegitimación contra organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y medios de comunicación e, incluso, operadoras de justicia y organismos internacionales”.

Advierten que el impacto del recrudecimiento del entorno “hostil y violento” se refleja en las propias cifras oficiales, pues en los primeros cuatro años de gobierno de López Obrador, de diciembre de 2018 a diciembre de 2022, 107 personas defensoras y 59 periodistas fueron asesinadas, mientras que organizaciones sociales documentaron siete asesinatos de periodistas en los primeros seis meses de 2023.

El informe apunta que “es particularmente alarmante la situación de familiares de personas desaparecidas” dedicadas a labores de búsqueda, al registrarse 10 asesinatos de familiares buscadores, ocurridas entre mayo de 2018 y mayo de 2023, “cuatro de ellas en el último año”.

Las organizaciones alertan de manera particular sobre la situación de personas defensoras del medio ambiente o que defienden la tierra, entre ellas personas indígenas, registrándose 82 asesinatos entre 2019 a 2022, y 409 actos de agresión.

Entre los reportes enviados al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el colectivo registra el espionaje realizado por parte del Ejército, durante 2022 y 2023, contra tres personas defensoras y dos periodistas, “todos ocurridos durante la actual administración y periodo en revisión, mediante el uso del malware Pegasus”.

Recuerdan que los hechos fueron negados por el gobierno federal y la Secretaría de la Defensa Nacional “reservó la información sobre los contratos relacionados con Pegasus”, pero documentos oficiales de la Sedena hechos públicos “revelaron la utilización del malware para esos fines, así como las acciones de seguimiento y vigilancia sobre organizaciones, personas defensoras y activistas, evidenciando la estigmatización de la institución sobre estos sectores y su visión alejada de los principios democráticos”.

Lejos del discurso oficial de que no se violan derechos humanos durante esta administración, “la protesta social se violenta y reprime desde el Estado”, mediante reformas a leyes locales y federales para criminalizarla, mientras que “se han documentado múltiples agresiones, detenciones arbitrarias, criminalización, uso excesivo de la fuerza e incluso graves violaciones, como tortura, en diversos eventos de protesta, con impactos diferenciados en casos de personas indígenas protegiendo su territorio, personas migrantes en detención o que se movilizan en caravanas y mujeres en protestas feministas, las cuales han sido significativamente estigmatizadas y criminalizadas”.