El cantante español Julio Iglesias presentó una demanda contra la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, al considerar que sus declaraciones públicas lo señalan de manera injuriosa y calumniosa por presuntos abusos sexuales y situaciones de esclavitud laboral. La acción legal busca que la funcionaria rectifique y reconozca el carácter ofensivo de sus palabras, además de reparar el daño ocasionado a su honor e imagen pública.

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El recurso fue promovido por el equipo jurídico del artista, encabezado por el abogado José Antonio Choclán, mediante una papeleta de conciliación presentada ante juzgados de primera instancia en Madrid. La controversia se originó tras un mensaje difundido por Díaz el 13 de enero de 2026 en la red social Bluesky, donde compartió una publicación periodística que recogía testimonios de exempleadas del intérprete y añadió comentarios en los que hablaba de “abusos sexuales” y de una supuesta estructura de poder basada en la agresión permanente. Un día después, durante una entrevista en el programa “La Hora de la 1” de RTVE, reiteró y amplió esas afirmaciones en un debate televisivo.

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En el escrito legal, la defensa del cantante sostiene que dichas manifestaciones podrían constituir delitos de injurias con publicidad y calumnias. Asimismo, solicita una indemnización cuya cuantía deberá determinar el tribunal, al considerar que se generó un juicio paralelo desde una posición institucional. En caso de no alcanzarse un acuerdo de conciliación ni una retractación pública, el artista advierte que interpondrá una querella penal.

El origen de la polémica se remonta a una investigación periodística difundida en enero de 2026 por el medio digital elDiario.es junto con otros socios internacionales. En esos reportes, dos extrabajadoras —identificadas bajo seudónimos— relataron presuntos episodios de agresión sexual, coerción y maltrato ocurridos en 2021 en residencias ubicadas en República Dominicana y Bahamas. A raíz de esas publicaciones, una organización presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional; sin embargo, el 23 de enero de 2026 el Ministerio Público archivó el caso por falta de jurisdicción española, al tratarse de hechos ocurridos fuera del país y sin los vínculos exigidos por la ley.

Por su parte, Julio Iglesias negó de manera categórica las acusaciones a través de un comunicado, asegurando que jamás ha incurrido en conductas de abuso o coacción. Con la nueva demanda, el foco del caso se traslada ahora a las declaraciones realizadas por una alta funcionaria del Ejecutivo y a las posibles consecuencias legales derivadas de sus manifestaciones públicas.