Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

A casi un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional criminalizar el aborto en México, la diputada Elizabeth Guzmán Argueta presionó este 13 de febrero de 2025 para que el gobierno de Chihuahua libere a las mujeres y al personal médico aún encarcelados por este motivo en la entidad.

En sesión legislativa, Guzmán Argueta señaló que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2024, emitida en noviembre de 2024, no solo eliminó los artículos del Código Penal estatal que penalizaban la interrupción del embarazo, sino que obliga a las autoridades a liberar a todas las personas procesadas o condenadas bajo esas normas. “La justicia exige rectificar estos casos de inmediato. No podemos hablar de derechos humanos si mantenemos tras las rejas a víctimas de un sistema injusto”, declaró.

La legisladora enfatizó que, según organizaciones locales, al menos 18 mujeres y cinco profesionales de la salud enfrentan condenas o investigaciones en Chihuahua por abortos realizados antes de la despenalización. La mayoría pertenece a comunidades rurales o de bajos ingresos, donde el acceso a defensa legal fue limitado. “Este no es un tema partidista, sino de dignidad. La Corte marcó un camino y el estado debe seguirlo sin dilación”, agregó.

El llamado incluye la revisión de expedientes de médicos y enfermeras acusados de realizar procedimientos con consentimiento de las pacientes, un delito que ya no existe. Guzmán Argueta recordó que, en entidades como Ciudad de México y Oaxaca, estos casos se cerraron tras la resolución de la SCJN, pero Chihuahua sigue rezagado.

Organizaciones como GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) han documentado que, desde 2007, al menos 234 mujeres en México fueron criminalizadas por aborto, con Chihuahua entre los estados con más casos. Aunque la SCJN ordenó en 2024 la liberación automática de todas ellas, su aplicación depende de acciones locales.

Hasta ahora, la administración estatal no ha emitido un protocolo para liberar a las afectadas, ni ha respondido públicamente a la exigencia de la diputada. Mientras, colectivos feministas anunciaron movilizaciones para exigir celeridad: “Cada día en prisión es una violación a sus derechos”, advirtió una portavoz de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Chihuahua.