Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

Con el respaldo del Congreso del Estado de Chihuahua, se aprobó una propuesta presentada por el diputado Óscar Avitia Arellanes y respaldada por su compañera de bancada, la diputada Rosana Díaz Reyes, que busca integrar criterios de justicia social en los procesos de ingreso al Servicio Público Educativo.

La iniciativa solicita tanto a la Secretaría de Educación Pública como a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) que, al momento de asignar plazas a docentes, se otorgue prioridad a quienes tienen hijas o hijos con alguna discapacidad. Esta medida, aseguran sus impulsores, no pretende alterar los mecanismos de evaluación, sino ofrecer un enfoque más humano y equitativo en la asignación de espacios laborales dentro del sistema educativo.

Díaz Reyes explicó que se trata de una medida específica que, sin eximir requisitos ni modificar los criterios de selección, permitiría a madres y padres que ya han sido validados en la lista de resultados tener una ventaja al momento de elegir su lugar de adscripción. Esto, particularmente cuando se trate de una ubicación que favorezca el cumplimiento de sus responsabilidades familiares.

La propuesta subraya que esta prioridad deberá aplicarse con sensatez, considerando tanto la disponibilidad de plazas como la viabilidad operativa y las reglas vigentes en cada entidad federativa.

Durante la sesión legislativa, también se expuso que este tipo de condiciones personales no deben ser ignoradas por las autoridades educativas. Se destacó la necesidad de diseñar políticas sensibles que reconozcan las circunstancias de vida de los aspirantes, particularmente cuando se trata de personas que cuidan a niñas y niños con discapacidad. El objetivo, recalcaron, es facilitar un entorno que no sólo valore la preparación académica, sino también el contexto humano del docente.

Finalmente, los legisladores reiteraron el llamado a las instancias educativas federales para que esta propuesta se convierta en una práctica real y efectiva. La intención es que, siempre que existan plazas disponibles —ya sean definitivas o temporales—, se dé preferencia a quienes enfrenten este tipo de situaciones familiares, ayudándoles a desempeñar su labor en condiciones más justas y sostenibles.