Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

“Mi hijo Daniel, de 12 años, tiene parálisis cerebral. Camina con andador, habla y está cognitivamente bien, pero necesito estar pendiente de él todo el día. Si me llaman de su escuela, tengo que ir a ayudarlo al baño. No puedo trabajar. ¿De dónde saco 350 pesos diarios para pagar una ‘sombra’ si ni siquiera tengo empleo formal?”, relató Eunice Limas, madre de un niño con discapacidad, durante una entrevista en el Congreso del Estado. Su testimonio, junto al de Pamela Galavis —madre de un joven con autismo que al cumplir 18 años fue dado de alta de su centro de terapia—, impulsó a las diputadas Alma Portillo (Movimiento Ciudadano) y América Aguilar (PT) a presentar una reforma a la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado para reconocer el derecho al cuidado como un derecho social y garantizar servicios gratuitos para niñez, personas con discapacidad y adultos mayores.

La iniciativa, respaldada por todas las fuerzas políticas, busca que el Estado y los municipios diseñen políticas y destinen recursos para crear centros de cuidado públicos y apoyos económicos a cuidadoras, en su mayoría mujeres. “La labor de cuidado no puede seguir siendo invisible ni recaer solo en las familias. El Estado debe asumir su corresponsabilidad”, enfatizó Portillo, quien recordó que desde abril de 2025 su bancada ya había presentado una propuesta similar para incluir este derecho en la Constitución estatal, pero aún no ha sido dictaminadacongresochihuahua.gob.mx+1.

De aprobarse, Chihuahua sería el primer estado en construir un modelo de desarrollo social basado en la equidad, con infraestructura y servicios especializados. “No podemos seguir legislando de espaldas a la realidad. Esta omisión deja sin protección a quienes sostienen el tejido humano de nuestra sociedad”, advirtió Portillo.