Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

Desde el Congreso del Estado de Chihuahua, la activista y comisionada Norma Ledezma advirtió que la desaparición de personas y el desplazamiento forzado continúan siendo problemáticas graves en el estado, particularmente en la Sierra Tarahumara y regiones como Ojinaga, donde incluso se han generado pueblos fantasma.

Durante su encuentro con medios este 31 de marzo, Ledezma subrayó que estos delitos no solo afectan a las víctimas directas, sino que impactan a familias completas y a la sociedad en general, al tratarse de fenómenos que lesionan el tejido social. En ese sentido, reconoció que aún existe una deuda pendiente con las familias de personas desaparecidas.

Explicó que, aunque existe coordinación entre autoridades para realizar labores de búsqueda, todavía es insuficiente frente a la magnitud del problema. Señaló que de manera constante participa en acciones en distintos municipios como Aldama, Cuauhtémoc y zonas serranas, donde se mantienen operativos para la localización de personas.

Respecto al fenómeno de comunidades abandonadas, indicó que no se trata de una situación nueva, sino que desde hace años se han documentado casos en los que familias enteras abandonan sus hogares debido a la violencia, dejando viviendas, pertenencias y poblados prácticamente desiertos. No obstante, aclaró que no existe un registro oficial preciso sobre el número de comunidades afectadas, ya que las cifras dependen de las denuncias presentadas por las víctimas.

En cuanto al número de personas desaparecidas, evitó confirmar cifras específicas, al considerar que sería irresponsable sin contar con datos plenamente verificados. Sin embargo, enfatizó que todos los casos deben contar con un registro formal conforme a la legislación vigente en materia de desaparición.

Ledezma destacó que uno de los principales retos es fortalecer el análisis de contexto en las investigaciones, considerando factores criminales, sociales, políticos y económicos, especialmente en los casos de larga data. Recalcó que las primeras horas tras una desaparición son cruciales para su localización.

En otro tema, cuestionó la falta de recursos suficientes a nivel nacional para atender adecuadamente tanto los casos de desaparición como los de feminicidio, pese a la existencia de leyes y protocolos. Recordó que en Chihuahua ya existen unidades especializadas desde años anteriores, por lo que insistió en que el problema no es la creación de nuevas normas, sino su aplicación efectiva.

Asimismo, señaló que organizaciones civiles continúan operando en gran medida con voluntariado, lo que refleja la falta de financiamiento para atender a víctimas con la dignidad necesaria. Aun así, hizo un llamado a no detener las acciones y a buscar soluciones con los recursos disponibles.

Sobre la posible politización del tema, afirmó que si bien puede ser utilizado como bandera política, lo fundamental es mantener el enfoque en las víctimas y exigir resultados concretos, evitando que el problema se reduzca a discursos.

Ninguna acción será suficiente para las familias hasta lograr la localización de sus seres queridos, por lo que insistió en la necesidad de continuar con esfuerzos coordinados y efectivos.