Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

La Comisión de Feminicidios del Congreso de Chihuahua, liderada por la diputada Jael Argüelles (Morena), anunció este jueves la reasignación de 5 millones de pesos del presupuesto estatal para la creación de dos casas de emergencia en Chihuahua capital y Ciudad Juárez. Estos espacios, diseñados para mujeres víctimas de violencia, ofrecerán atención médica, psicológica y social, así como redes de apoyo temporal para quienes se vean obligadas a huir de entornos peligrosos.

La iniciativa, respaldada por el PAN y otras fuerzas políticas durante las negociaciones del Paquete Económico 2025, busca responder a una problemática urgente: la falta de opciones seguras para mujeres que escapan de situaciones de violencia. Argüelles subrayó que los refugios no solo brindarán alojamiento temporal, sino que también ayudarán a las usuarias a reconstruir proyectos de vida mediante acompañamiento especializado.

Durante la sesión de la comisión, la legisladora explicó que la propuesta surgió tras analizar los vacíos en la protección a mujeres que, al denunciar, enfrentan procesos emocionalmente desgastantes y carecen de redes sólidas. “Estos centros serán un primer escalón para que las mujeres evalúen sus opciones con seguridad y acceso a recursos básicos”, detalló.

Los refugios operarán bajo un modelo integral que incluirá:

• Atención médica para tratar lesiones físicas y emergencias.
• Apoyo psicológico para manejar trauma y estrés postraumático.
• Asesoría social y legal para facilitar trámites, denuncias y reintegración comunitaria.

Argüelles reconoció los desafíos para incentivar denuncias, dada la complejidad emocional que implica para las víctimas. Sin embargo, destacó que la iniciativa es un avance para fortalecer la red de protección, sumándose al trabajo de organizaciones civiles que ya operan en la materia.

El proyecto ahora pasará a la fase de implementación, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres y dependencias estatales. Con esta acción, Chihuahua busca reducir la brecha de atención en un estado donde, según cifras oficiales, el 60% de las mujeres víctimas de violencia no cuenta con alternativas inmediatas al momento de huir. La medida se alinea con recomendaciones internacionales para prevenir feminicidios y proteger a grupos en situación de vulnerabilidad.