Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

El diputado Cuauhtémoc Estrada ha expresado fuertes críticas contra la propuesta de reforma al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de Chihuahua, calificándola como un “atraco” y cuestionando su necesidad y motivaciones.

La reforma propone aumentar el número de magistrados del TEJA de tres a cinco, una medida que Estrada considera innecesaria y potencialmente perjudicial. “Hoy el PRI, el PAN y algunos otros diputados van a decidir aumentar de tres magistrados a cinco magistrados un tribunal que es el que menos carga de trabajo tiene en todo el Estado”, declaró el legislador.

Estrada respaldó su argumento con cifras, señalando que el TEJA solo atendió 559 asuntos en 2023, de los cuales resolvió únicamente 199, lo que representa una eficiencia del 35%. “Aparte de que tiene poca carga de trabajo, tiene un 35% de eficiencia”, subrayó.

El diputado también cuestionó el costo de esta ampliación, mencionando que cada ponencia consume 43.3 millones de pesos al año. Con la reforma, el presupuesto del Tribunal podría llegar a los 200 millones de pesos anuales en 2024.

Además, Estrada expresó preocupación por lo que considera un intento de pagar favores políticos. Destacó que la iniciativa propone un plazo de solo 30 días para elegir a los nuevos magistrados, lo cual ocurriría antes del 1 de septiembre, cuando cambiará la configuración del Congreso.

“¿Dónde está la prisa? Pues la prisa está en la elección de magistrados. ¿Y por qué la prisa está en la elección de magistrados? Pues porque este Congreso tendrá una nueva configuración a partir del primero de septiembre”, argumentó Estrada.

El legislador también señaló fallas técnico-jurídicas en la propuesta, como la falta de disposiciones sobre paridad de género. “Me parece una gran violación constitucional. Vean ustedes el decreto que determina la Comisión de Gobernación y ni siquiera establece una cuestión de paridad”, afirmó.

Finalmente, Estrada argumentó que esta reforma debería ser de rango constitucional y no meramente legal, para evitar la discrecionalidad en futuras modificaciones. “La reforma debe tener un anclaje constitucional. Debe tener ese rango para que cuando se quiera modificar no tenga esa flexibilidad con una mayoría simple”, concluyó.