Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El coordinador de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, respaldó las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias sin orden judicial, tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha generado un intenso debate a nivel nacional.

Durante su posicionamiento, Estrada afirmó que esta herramienta es fundamental para combatir delitos como el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento del crimen organizado, al permitir actuar de manera inmediata sobre recursos de origen ilícito.

“El dinero es la base de operación de la delincuencia. Si no se puede inmovilizar, no se puede combatir realmente”, sostuvo.

El legislador explicó que la UIF no actúa de manera arbitraria, sino bajo un marco legal establecido en la Ley de Instituciones de Crédito, donde se contempla un procedimiento mediante el cual las personas afectadas pueden impugnar el congelamiento de sus cuentas y acreditar la legalidad de sus recursos.

La discusión surge luego de que la Suprema Corte analizara si la UIF puede ordenar el bloqueo de cuentas sin una autorización judicial previa. La mayoría de ministros determinó que sí es constitucional, siempre que exista sustento legal y mecanismos de defensa para los afectados.

Sin embargo, la votación no fue unánime, lo que evidenció divisiones dentro del máximo tribunal. Algunos ministros advirtieron posibles riesgos de abuso o afectaciones a derechos fundamentales, como el acceso a recursos económicos sin intervención judicial previa.

En este contexto, Estrada consideró que la pluralidad de opiniones en la Corte es normal, pero reiteró que el fondo del asunto debe centrarse en la eficacia del Estado para combatir estructuras financieras delictivas.

De acuerdo con cifras referidas por el propio legislador, en México existen más de 5 mil millones de pesos inmovilizados por la UIF, recursos que presuntamente estarían vinculados a actividades ilegales.

Estrada cuestionó que, pese a las críticas, pocos de estos recursos han sido reclamados legalmente, lo que —desde su perspectiva— evidencia su posible origen ilícito.

“Se critica la herramienta, pero no se habla de quiénes son los afectados ni de dónde viene ese dinero”, señaló.

El diputado también hizo referencia a modelos internacionales, particularmente el de Estados Unidos, donde autoridades incluso policiales pueden intervenir en operaciones financieras bajo ciertos esquemas, lo que demuestra que este tipo de medidas no son exclusivas de México.

La discusión ha sido retomada por actores de oposición, quienes advierten que permitir el congelamiento sin orden judicial podría abrir la puerta a abusos de poder o a un estado de indefensión para ciudadanos y empresas.

Ante ello, Estrada calificó como contradictoria la postura de quienes, por un lado, exigen combatir al crimen organizado, pero por otro rechazan herramientas que permiten seguir la ruta del dinero.

“Si queremos combatir la delincuencia, tenemos que darle herramientas al Estado. No se puede pedir seguridad sin mecanismos efectivos”, expresó.

El tema pone sobre la mesa un dilema central en el sistema jurídico mexicano: cómo equilibrar el combate al crimen con la protección de derechos individuales.

Mientras Morena sostiene que la medida es indispensable para frenar estructuras financieras ilícitas, sectores críticos consideran que debe existir un mayor control judicial previo para evitar posibles excesos.

Por ahora, la resolución de la Corte marca un precedente que fortalece las facultades de la UIF, pero el debate político y jurídico continúa abierto.