Derechos de personas con discapacidad no deben politizarse; diputado condena intimidación contra Alma Portillo y alerta sobre deuda pública de 55 mil millones de pesos en Chihuahua
Nota y fotos por: Silver Juárez Arce
El diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Chihuahua, abordó durante una rueda de prensa diversos temas que afectan al estado, desde la situación de las personas con discapacidad hasta la deuda pública y la corrupción en el sistema judicial.
Sobre el tema de los derechos de las personas con discapacidad, Estrada defendió el trabajo de Laura Fuentes, excandidata de Morena y activista por este sector, quien recientemente reconoció públicamente los apoyos recibidos por el gobierno estatal, liderado por el PAN. El diputado aclaró que no se debe reducir a un tema electoral la búsqueda de mejoras para este grupo vulnerable. “Las personas con discapacidad tienen derecho a gestionar apoyos con cualquier autoridad, sin importar su color político. Lo que sí es inaceptable es que el gobierno del estado siga negándose a implementar una pensión universal para ellos”, señaló. Estrada recordó que existe un amparo vigente que obliga al estado a garantizar este derecho, pero las autoridades han recurrido a impugnaciones para evitar su cumplimiento. “Hay una medida cautelar que beneficia a las personas con discapacidad, pero el gobierno sigue poniendo obstáculos. Es una falta de sensibilidad”, criticó.
En cuanto a la deuda pública, el diputado expresó su preocupación por el crecimiento desmedido de las obligaciones financieras del estado, que superan los 55 mil millones de pesos. “No estoy en contra del crédito, pero sí de la falta de responsabilidad con la que se ha manejado. Hemos llegado a una situación insostenible, donde la deuda crece como una bola de nieve”, advirtió. Estrada propuso establecer reglas claras para el pago de la deuda existente y para la contratación de nuevos créditos, con el fin de evitar que el estado caiga en una crisis financiera. “Si no actuamos ahora, las futuras generaciones heredarán una carga insoportable”, alertó.
El diputado también se refirió a los pasivos contingentes, que ascienden a más de 15 mil millones de pesos, y cuestionó la falta de transparencia en su manejo. “No podemos seguir ocultando estas obligaciones. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se están administrando los recursos públicos”, afirmó. En este contexto, Estrada mencionó que la propuesta de reforma financiera que se discute en el Congreso buscará abordar tanto la deuda a largo plazo como estos pasivos, aunque reconoció que aún no hay un consenso sobre cómo hacerlo.
Sobre la corrupción en el sistema judicial, el diputado criticó la actitud de algunos jueces y magistrados, quienes, según denunció, han dejado de asistir a sus labores a pesar de seguir recibiendo sus salarios. “Es inaceptable que, en plena transición, algunos servidores públicos abandonen sus responsabilidades. El Estado les sigue pagando, y ellos tienen la obligación de cumplir con su trabajo”, señaló. Estrada hizo referencia a un video que circula en redes sociales, donde se observa que el estacionamiento del Tribunal Superior de Justicia está vacío en un día laborable. “Si no están trabajando, ¿qué están haciendo? Esto demuestra la falta de compromiso con la justicia”, cuestionó.
Finalmente, el diputado se pronunció sobre las amenazas recibidas por la diputada Alma Portillo, quien denunció haber sido intimidada por una funcionaria de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento debido a sus gestiones en el caso de Agua Emparrar. Estrada respaldó la investigación del caso y condenó cualquier acto de intimidación contra legisladores o ciudadanos. “Las amenazas no pueden quedar impunes. Quien denuncia irregularidades debe ser protegido, no perseguido”, declaró. El diputado también recordó que las autoridades tienen la obligación de garantizar la seguridad de quienes ejercen su derecho a la denuncia, especialmente cuando se trata de funcionarios públicos.
En sus declaraciones, Estrada hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que trabajen de manera coordinada en la solución de los problemas que afectan a Chihuahua, desde la inseguridad hasta la deuda pública. “No podemos seguir postergando las soluciones. La ciudadanía exige resultados, no excusas”, concluyó.
