Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

El diputado Jorge Soto, integrante del Congreso del Estado de Chihuahua, informó este miércoles en rueda de prensa que, hasta el momento, no ha sido recibida formalmente la solicitud de modificación presupuestal para garantizar la elección judicial del 1 de junio, impulsada por el Instituto Estatal Electoral (IEE) con un monto estimado de 388 millones de pesos, casi 389.

Soto detalló que el proceso institucional exige que el IEE envíe la propuesta a la Secretaría de Hacienda estatal, y esta, a su vez, la remita al Congreso para su análisis en la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, antes de ser votada en el Pleno. Sin embargo, advirtió que la solicitud aún no llega al Legislativo: “Eventualmente tendrá que ser enviada por el Ejecutivo, es el camino legal que debe seguirse”.

El legislador criticó el origen de la elección judicial, calificándola como “una ocurrencia más de Morena” y un “golpe de Estado al destruir al Poder Judicial federal y estatales”. Aseguró que la reforma obliga a Chihuahua a destinar entre 300 y 350 millones de pesos adicionales para un proceso que, en su visión, carece de legitimidad desde su concepción: “No va a ser posible instalar la misma cantidad de casillas que en una elección regular. No habrá representación equitativa de quienes compiten”.

Respecto al presupuesto, Soto subrayó que la aprobación dependerá de ajustes al gasto público definido en diciembre pasado: “La Hacienda nos tiene que decir a dónde le vamos a quitar”. Además, mencionó que el Congreso podría abordar el tema en un periodo extraordinario entre el 21 y el 28 de febrero, aunque no confirmó fechas exactas.

Soto se refirió también a la propuesta de reforma constitucional enviada por el Poder Judicial para regular haberes y retiros de trabajadores, la cual está en análisis en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Aclaró que no hay un monto definido ni consenso sobre su tratamiento, pero destacó la urgencia de resolverla antes del 28 de febrero, fecha que marca una nueva etapa en el proceso de selección de personas juzgadoras.

La elección judicial en Chihuahua forma parte de la polémica reforma nacional impulsada por Morena para renovar los poderes judiciales mediante votación popular, medida criticada por opositores y expertos por su complejidad logística y riesgos de politización. El costo estimado para el estado refleja desafíos como la instalación de casillas y la capacitación de funcionarios, en un escenario donde el Legislativo local busca, según Soto, “tratar de componer lo que de origen está muy mal hecho”.

El proceso seguirá bajo escrutinio, tanto por los recursos económicos como por las implicaciones en la independencia judicial. Mientras, el IEE y la Secretaría de Hacienda estatal deberán acelerar trámites para cumplir con los plazos electorales.