Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El auditor superior del Estado de Chihuahua, Héctor Acosta Félix, señaló que cualquier propuesta de reforma al Sistema Nacional Anticorrupción debe incluir la participación de las entidades fiscalizadoras locales, al considerar que su experiencia y resultados son indispensables para fortalecer el modelo de fiscalización en el país.

Durante una entrevista, el funcionario destacó que las auditorías estatales han demostrado que es posible mejorar los procesos de revisión y control del gasto público, por lo que consideró necesario que sean escuchadas dentro de la discusión nacional.

“No solamente es bueno, es indispensable que se consulte a los entes que hemos dado resultados, y que nos encontramos en un espacio a nivel nacional en el que hemos demostrado que se pueden hacer mejor las cosas en materia de fiscalización”, expresó.

Acosta Félix explicó que una eventual reforma representaría una oportunidad para clarificar la distribución de facultades entre autoridades federales y locales, especialmente en la fiscalización de participaciones federales.

Indicó que desde la reforma constitucional de 2015 se generaron confusiones respecto a los alcances de las auditorías, lo que ha derivado en debates jurídicos recientes sobre las competencias de cada instancia.

A su juicio, definir con precisión hasta dónde puede intervenir la Auditoría Superior de la Federación y cuáles atribuciones corresponden a las entidades locales permitiría evitar controversias legales y mejorar la coordinación institucional.

El auditor confirmó que la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua ya interpuso recursos legales para impugnar una resolución judicial relacionada con estos temas, aunque aclaró que los efectos inmediatos del fallo aplican únicamente a las partes involucradas.

No obstante, advirtió que el criterio adoptado podría generar riesgos si se replica en otros casos o entidades del país, debido a la confusión que podría provocar en la interpretación de la ley.

Entre los ajustes legislativos que consideró prioritarios, Acosta Félix propuso reducir los tiempos de revisión de las cuentas públicas, ya que actualmente a nivel federal los resultados pueden presentarse hasta dos años después del ejercicio fiscal revisado.

Señaló que esta situación resulta poco eficiente para la ciudadanía, al retrasar la rendición de cuentas y las posibles sanciones.

Como contraste, destacó que en Chihuahua los plazos son más cortos y permiten iniciar procedimientos legales en aproximadamente seis meses tras conocer la cuenta pública, mientras que a nivel federal estos procesos pueden tardar entre cinco y siete años.

Respecto a la Auditoría Superior de la Federación, encabezada por David Colmenares, el auditor estatal señaló que una de las principales omisiones ha sido la falta de convenios de coordinación completos para fiscalizar participaciones federales.

Explicó que, en el caso de Chihuahua, cuestionamientos al proyecto de convenio derivaron en que no se concretara su firma, mientras que en otros estados los acuerdos firmados carecen de anexos que definan claramente la forma de coordinación.

Finalmente, reiteró que una reforma al Sistema Nacional Anticorrupción representa una oportunidad clave para fortalecer la fiscalización en México, siempre que se incluya la participación activa de las entidades estatales y se clarifiquen las responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno.