El diputado local Óscar Avitia Arellanes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hizo un llamado a poner fin a los violentadores de mujeres y a los discursos de odio en el ámbito público, al condenar enérgicamente las agresiones dirigidas contra la senadora Andrea Chávez por parte de un funcionario municipal de Chihuahua.

El legislador señaló que, mientras la función pública debería ser la primera línea de defensa para garantizar la seguridad y dignidad de las mujeres, existen servidores públicos que normalizan las agresiones y faltas de respeto. En este contexto, reprochó el actuar de Luis Roberto Terrazas Fraga, subdirector de Seguridad Pública Municipal.

“Lo que sucedió con Andrea Chávez no es un hecho aislado; es parte de una práctica sistemática que busca intimidar, desacreditar y frenar la participación política de las mujeres en nuestro estado. No podemos permitir que quienes deben protegernos sean los mismos que agreden”, afirmó.

Avitia Arellanes exigió la destitución inmediata del funcionario municipal, al considerar que su permanencia en el cargo resulta incongruente con los valores de respeto y justicia que demanda la ciudadanía chihuahuense.

Asimismo, recordó que en días pasados presentó una iniciativa que ha comenzado a denominarse “Ley Andrea”, la cual busca fortalecer la protección contra la violencia política en razón de género. La propuesta establece que, cuando la autoridad electoral tenga conocimiento de una posible agresión, deberá iniciar de inmediato la investigación, garantizando la confidencialidad y respetando en todo momento la decisión de la víctima sobre la continuidad del procedimiento.

La iniciativa también contempla sanciones contra discursos de odio en contextos electorales, como los que —según expuso— se emitieron contra la senadora Chávez. Entre las medidas propuestas se encuentra la tipificación y sanción de estas conductas, incluyendo la posibilidad de cancelar candidaturas a quienes incurran en este tipo de prácticas.

“El odio no daña solo a quien lo recibe, daña a toda la sociedad”, aseveró el legislador.

De igual forma, explicó que la propuesta fija reglas claras al establecer que el presunto agresor deberá responder en un plazo máximo de 48 horas ante la autoridad correspondiente; de no hacerlo, el silencio se entenderá como aceptación de los hechos y el procedimiento continuará su curso.

“Lo que buscamos con esta ley es que no tengamos funcionarios como él: violentadores y promotores del discurso de odio. Chihuahua merece una política de altura y servidores públicos que respeten la dignidad de todas las personas”, concluyó Óscar Avitia.