Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de Chihuahua lanzó una serie de señalamientos en contra del gobierno municipal de Ciudad Juárez, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, al acusar un presunto manejo irregular del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a trabajadores, además de criticar políticas federales, el llamado “Plan B” electoral y advertir afectaciones económicas para ciudadanos y productores.

Durante una rueda de prensa, el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, acompañado por los diputados Carlos Olson y Jorge Soto, informó que presentarán un exhorto enfocado en lo que calificaron como un “abuso” y un posible caso de corrupción en el manejo de recursos públicos en el municipio fronterizo.

El legislador explicó que este exhorto surge tras detectarse que el Ayuntamiento de Ciudad Juárez habría retenido ISR a sus trabajadores sin enterarlo a la autoridad fiscal federal, lo que, de confirmarse, implicaría responsabilidades administrativas e incluso penales. En ese sentido, Olson detalló que cualquier patrón está obligado a retener y entregar este impuesto al Servicio de Administración Tributaria, por lo que no hacerlo genera sanciones como multas, recargos e incluso congelamiento de cuentas.

El diputado advirtió que esta situación ya estaría generando un daño patrimonial estimado en al menos 160 millones de pesos tan solo en abril, sin considerar actualizaciones y sanciones adicionales, lo que impactaría directamente en las finanzas del municipio. Subrayó que el exhorto busca que el Ayuntamiento regularice de inmediato su situación fiscal, repare el daño y deslinde responsabilidades contra los funcionarios involucrados.

Asimismo, Olson señaló que la responsabilidad alcanza tanto a administraciones anteriores como a la actual, ya que el alcalde tenía la obligación de denunciar posibles irregularidades heredadas y ponerse al corriente en el pago de impuestos al asumir el cargo, lo cual —afirmó— no ocurrió. Por ello, sostuvo que existe corresponsabilidad en el manejo de estos recursos.

En respuesta a cuestionamientos, rechazó que estos señalamientos tengan un trasfondo político o de revancha, al asegurar que fue la propia autoridad federal la que detectó las irregularidades, lo que —dijo— evidencia que no se trata de un tema partidista, sino de cumplimiento fiscal.

Por su parte, el diputado Jorge Soto, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que este tipo de observaciones suelen ser detectadas tanto por auditorías federales como por la Auditoría Superior del Estado, y consideró que este caso refleja una constante en la administración municipal juarense. Afirmó que se trata de una “marca de la casa” caracterizada por omisión e irresponsabilidad, al tiempo que criticó que se busque responsabilizar a gobiernos anteriores sin atender los problemas actuales.

Soto también señaló que, pese a los ingresos que recibe el municipio, incluso con apoyos extraordinarios del Gobierno del Estado encabezado por Maru Campos, la administración local no ha logrado resolver problemáticas básicas como infraestructura urbana, lo que, dijo, evidencia fallas en la gestión pública.

En el plano legislativo, los diputados panistas hicieron un llamado a la bancada de Morena para que respalde el exhorto, argumentando que se trata de una acción en favor de los ciudadanos de Ciudad Juárez. No obstante, anticiparon que podría haber resistencia por tratarse de un alcalde emanado de ese partido.

Durante la misma rueda de prensa, el coordinador Alfredo Chávez abordó el tema nacional y criticó el denominado “Plan B” de reforma electoral, al calificarlo como un “berrinche presidencial” y una imposición que representa un retroceso democrático. Señaló que Acción Nacional había planteado como condición para acompañar la reforma que se incluyeran sanciones para candidatos vinculados con el crimen organizado, como la pérdida de registro y del cargo, lo cual —afirmó— no fue aceptado por la mayoría oficialista.

Chávez también cuestionó el voto de legisladores federales de Movimiento Ciudadano que respaldaron la reforma, al considerar que será necesario revisar su postura a nivel nacional, mientras que el PAN mantendrá su oposición a estas modificaciones cuando lleguen al Congreso local.

En materia económica, los legisladores panistas lanzaron críticas hacia el manejo de recursos federales, particularmente en relación con el uso de ahorros de los trabajadores y fondos como las Afores para financiar proyectos de infraestructura. Señalaron que obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas han mostrado baja rentabilidad o dependencia de subsidios, por lo que advirtieron que destinar recursos a estos proyectos podría representar pérdidas para los ahorradores.

En el ámbito estatal, también abordaron temas relacionados con el campo y la crisis que enfrentan productores, señalando el aumento en los costos del diésel y la falta de estímulos fiscales por parte del gobierno federal. Anunciaron que impulsarán una agenda conjunta con productores y respaldarán propuestas que beneficien al sector, siempre que se incluyan medidas de apoyo estructural.

Asimismo, fijaron postura respecto a temas como el uso del agua de presas, donde reiteraron la necesidad de defender a los productores locales y exigir mejores condiciones en tratados internacionales, así como mayor intervención de la federación en favor del estado.

En cuanto a la política interna del PAN, los legisladores aseguraron que existe unidad dentro del partido de cara a los próximos procesos electorales. Indicaron que los métodos de selección de candidatos serán abiertos y permitirán la participación ciudadana, destacando que no se trata de decisiones centralizadas, sino de procesos democráticos internos donde cualquier perfil competitivo podría ser considerado.

Finalmente, reiteraron que el grupo parlamentario continuará impulsando iniciativas y exhortos tanto en el ámbito local como en el nacional, enfocados en lo que consideran la defensa de los intereses de Chihuahua frente a decisiones del gobierno federal.