Redacción y fotografía: Silver Juárez
La Auditoría Estatal de Hidalgo enfrenta un grave desafío al quedar fuera de la supervisión de 64 de los 67 municipios debido a una disposición que exige “previa coordinación” para acceder a la información necesaria para auditar. Este riesgo pone en entredicho la transparencia y la eficacia en la fiscalización de los recursos públicos.

En un escenario preocupante, la Auditoría Estatal de Hidalgo podría ver comprometida su capacidad de auditar las finanzas de 64 de los 67 municipios del estado si se mantiene una disposición que exige “previa coordinación” para acceder a la información necesaria para realizar las auditorías. Esta situación genera serias dudas sobre la transparencia y el control en el uso de los recursos públicos en estas entidades.

El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, expresó su preocupación durante una reciente sesión de la Comisión de Fiscalización, subrayando que si esta disposición persiste, el riesgo de que no se permita auditar casi el 80% de los programas del gobierno del Estado de México se volverá una realidad. Esta problemática no es nueva, pues al inicio del sexenio anterior, la Secretaría de Hacienda exigió una coordinación previa para dar acceso a la información, lo que generó un ambiente de incertidumbre y complicó el trabajo de la auditoría.

Acosta Félix destacó que la situación podría resolverse fácilmente eliminando la necesidad de “previa coordinación”, lo que permitiría cumplir con el Pacto Federal y garantizar que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Auditoría Superior del Estado puedan revisar el ejercicio del gasto derivado de las participaciones federales. Estas participaciones representan más del 90% de los presupuestos estatales en todo el país, y en algunos municipios, el 90% de sus ingresos depende de estos fondos federales.

Reformas y Fuero Constitucional

Además de la cuestión de la coordinación, Acosta Félix propuso una reforma al artículo 83-3 de la Constitución del Estado para garantizar que las disposiciones fundamentales sobre la estructura y el funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado estén a nivel constitucional y no en leyes secundarias, como ocurre actualmente. Esta reforma incluiría la definición del periodo de ejercicio del titular de la Auditoría y la posibilidad de su ratificación, que aunque ya prevista en la ley, debería estar claramente establecida en la Constitución.

Otro punto crucial en la iniciativa es la dotación de fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado. Actualmente, este es el único miembro del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción que no goza de esta protección, a diferencia del Fiscal Anticorrupción y los magistrados del Poder Judicial del Estado, entre otros. Acosta Félix subrayó la importancia de este fuero para proteger la función del auditor de represalias que puedan surgir en el ejercicio de sus funciones, citando ejemplos recientes de otros estados donde auditores fueron perseguidos por señalar irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Conclusión

La propuesta presentada busca fortalecer la autonomía y la capacidad operativa de la Auditoría Superior del Estado, asegurando que pueda cumplir eficazmente con su papel de supervisión y combate a la corrupción. Sin embargo, la rapidez con la que se está impulsando esta reforma y la implicación directa del actual titular de la Auditoría en las modificaciones propuestas generan debate entre los legisladores, quienes también consideran los riesgos de que estas medidas afecten la independencia del órgano auditor.

La decisión final sobre estas reformas será crucial para el futuro de la fiscalización en Hidalgo y para la garantía de transparencia en el uso de los recursos públicos en todo el estado.