Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

El diputado federal y líder estatal del PRI en Chihuahua, Alejandro Domínguez, respaldó la denuncia presentada por el presidente nacional del partido, Alejandro “Alito” Moreno, contra el senador de Morena, Adán Augusto López, por presuntos vínculos con el crimen organizado. En una declaración reciente, Domínguez calificó la acción como un paso clave para visibilizar problemas de corrupción en el ámbito nacional, al tiempo que urgió investigaciones exhaustivas en un controvertido caso judicial local.

La denuncia de Moreno, interpuesta el 23 de septiembre ante el FBI, la DEA, el Departamento del Tesoro y la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Jo Bondi, acusa a Adán Augusto de participar en actividades ilícitas como huachicol, contrabando de combustible y lavado de dinero, vinculadas al grupo criminal “La Barredora”. Este grupo, operante en Tabasco durante la gubernatura de Adán Augusto (2019-2021), está relacionado con la reciente detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de ese estado y presunto líder de la organización. Domínguez enfatizó que “los hechos son claros: el exsecretario nombrado por Adán Augusto está detenido, y el huachicol creció significativamente en Tabasco bajo su gestión”, rechazando como “politiquería” las defensas de otros legisladores y demandando que “se investigue a quien sea, sin fuero que proteja”.

Adán Augusto, coordinador de Morena en el Senado, rechazó las acusaciones como “mafufadas” sin sustento, negando cualquier relación con Bermúdez o “La Barredora”. El PRI, por su parte, ha presentado también solicitudes de juicio político en México, argumentando encubrimiento durante su administración.

En paralelo, Domínguez abordó el caso de la magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua, Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, cuyo hermano, Édgar Herman Escárcega Valenzuela, obtuvo semilibertad el 18 de septiembre por un juez de control. Condenado a 37 años por secuestro de tres personas en 2013, Édgar cumplirá su pena hasta 2050 pasando fines de semana en el penal de Aquiles Serdán y laborables en libertad supervisada. La Fiscalía de Distrito Zona Centro apeló la resolución, cuestionando la vigencia de los estudios de riesgo usados (de enero de 2024) y alegando riesgos para la sociedad.

Domínguez, sin conocer detalles del procedimiento más allá de reportes mediáticos, llamó a “analizar a fondo” la actuación del juez Juan Carlos Erives Fuentes y cualquier posible influencia, incluyendo del Tribunal de Disciplina. “Es una medida extraña que genera dudas sobre la reforma judicial; urge que se agoten las investigaciones para evitar un fracaso en la independencia judicial”, señaló. Escárcega, por su parte, negó cualquier intervención y se declaró “la primera interesada en que se aclare el asunto”, reiterando su compromiso con la justicia y el combate a la corrupción.