Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

La Comisión de Feminicidios del Congreso de Chihuahua, encabezada por la diputada Jael Argüelles (Morena), recibió este jueves una iniciativa presentada por la legisladora Alma Portillo (Movimiento Ciudadano) que busca agravar las penas por feminicidio cuando las víctimas pertenezcan a pueblos originarios, comunidades indígenas o afromexicanas, así como cuando el crimen se cometa con armas de fuego o punzocortantes.

La propuesta, con carácter de decreto, plantea reformar el artículo 126 bis del Código Penal estatal para incluir estos factores como agravantes específicos. Con ello, se pretende reconocer la vulnerabilidad histórica de mujeres en estos grupos y la violencia exacerbada que enfrentan, además de establecer sanciones más severas ante el uso de instrumentos letales en la comisión del delito.

Durante la sesión, estuvo presente Wendy Paola Chávez Villanueva, fiscal especializada en atención a mujeres, quien atestiguó la entrega formal de la iniciativa. El proyecto legislativo se enmarca en esfuerzos para fortalecer el marco jurídico local, con el objetivo de garantizar mayor protección y acceso a la justicia para víctimas de violencia de género en contextos de alto riesgo.

La iniciativa subraya la necesidad de abordar las desigualdades estructurales que afectan a mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes, según datos oficiales, enfrentan mayores tasas de impunidad en casos de violencia extrema. De ser aprobada, Chihuahua se alinearía con estándares internacionales que exigen enfoques diferenciados en crímenes basados en identidad étnica o racial.

El siguiente paso será el análisis de la propuesta por parte de la comisión, que determinará su viabilidad para su discusión en el pleno legislativo. Este movimiento refleja la presión de colectivos y organizaciones civiles que demandan acciones concretas contra la violencia feminicida, particularmente en entidades con altos índices de criminalidad de género como Chihuahua.