El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este 9 de marzo de 2026 que son constitucionales las pensiones e indemnizaciones anticipadas para juzgadores del Estado de Chihuahua afectados por la reforma judicial federal de 2024, la cual estableció la elección popular de jueces y magistrados y provocó la salida anticipada de quienes no participaron o no resultaron electos en el proceso. La decisión, adoptada por mayoría, rechazó la acción de inconstitucionalidad 43/2025 promovida por legisladores de Morena, quienes argumentaban que las medidas creaban un “régimen de privilegios” para los exfuncionarios judiciales.

El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Chihuahua, defendió la resolución y subrayó que “todos los actos del Congreso están debidamente fundados y motivados en derecho”. Ramírez recordó que la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, aprobada en diciembre de 2024, estableció tres supuestos para los juzgadores: quienes ya cumplían los requisitos de la Ley de Pensiones Civiles recibieron sus prestaciones; quienes tenían al menos diez años de servicio pero no cumplían los requisitos, obtuvieron una pensión complementaria proporcional; y quienes tenían menos de diez años, una liquidación única.

El diputado rechazó las acusaciones de privilegios y explicó que “los derechos se adquieren durante el ejercicio laboral”, por lo que la SCJN validó que no se vulnera el principio de igualdad frente a otros trabajadores del estado. “No es un privilegio, es el respeto a derechos laborales adquiridos”, afirmó, al tiempo que respetó la división de poderes y la autonomía de la Corte para resolver conforme a derecho.

Sobre el llamado del dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, a construir una alianza opositora entre PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para las elecciones de 2027, Ramírez se mostró abierto al diálogo, pero recordó que “las alianzas deben construirse desde lo local”. “Un servidor fue producto de una alianza PRI-PAN-PRD en el Distrito 21”, comentó, y agregó que respaldará lo que decidan las dirigencias nacional y estatal, siempre con el objetivo de “construir un mejor Chihuahua”.

La ministra Lenia Batres Guadarrama fue la única en votar en contra, al considerar que la medida genera un privilegio indebido y no protege derechos laborales. Sin embargo, la mayoría del Pleno determinó que “el gasto público está justificado” y busca prevenir desprotección laboral derivada de la reforma.