Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

La primera sesión de la Diputación Permanente de la 68ª Legislatura en su segundo año de ejercicio constitucional, celebrada este 9 de enero, puso sobre la mesa temas que van desde la inclusión social hasta la seguridad pública y la política energética, reflejando tanto las tensiones políticas como las demandas ciudadanas más urgentes. La reunión, que se extendió por más de cuatro horas, estuvo marcada por iniciativas que buscan transparencia, rendición de cuentas y la defensa del patrimonio cultural, pero también por la polarización entre los grupos parlamentarios.

La diputada Joceline Vega Vargas, del PAN, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado, con el objetivo de garantizar el uso de lenguaje claro y accesible en la difusión de programas sociales. Vega Vargas argumentó que el lenguaje administrativo complejo actual excluye a los grupos más vulnerables, limitando su acceso a los apoyos públicos. “El acceso a información clara es indispensable para el ejercicio de los derechos sociales”, señaló, destacando que la propuesta busca reducir barreras administrativas y fortalecer la confianza en las instituciones. La iniciativa, que quedó en manos de las comisiones para su análisis, se enmarca en un contexto donde Chihuahua destinará 27,500 millones de pesos a programas sociales solo en enero de 2026, según datos oficiales, y donde los módulos de atención ya incorporan aplicaciones para consultas remotas y seguimiento médico, aunque persisten quejas por la complejidad de los trámites.

En el rubro de seguridad, la diputada María Antonieta Pérez Reyes, de Morena, cuestionó la falta de avances y transparencia en el Proyecto Centinela, especialmente en el municipio de Guadalupe y Calvo, una de las regiones más vulnerables del estado. Pérez Reyes denunció que, pese a los 4,800 millones de pesos invertidos en este ambicioso sistema de vigilancia masiva —que incluye más de 3,000 cámaras PTZ, 4,800 fijas y 102 Arcos Centinela—, los resultados son “inexistentes” y las promesas, incumplidas. El conflicto central gira en torno a la negativa del Ayuntamiento a ceder el antiguo CERESO, considerado patrimonio histórico, para instalar un subcentro del proyecto. Aunque la alcaldesa Ana Laura González Ábrego ha presentado seis alternativas viables —tres terrenos y tres inmuebles—, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no ha respondido. “La seguridad no puede estar reñida con el respeto al patrimonio ni con la autonomía municipal”, advirtió Pérez. La Diputación Permanente aprobó un exhorto a la SSPE para que informe sobre los avances y evalúe las opciones presentadas, en un escenario donde el gobierno estatal asegura estar listo para desplegar la plataforma, pero el proyecto sigue detenido por la falta de un inmueble adecuado y la resistencia a considerar alternativas.

El diputado Francisco Sánchez Villegas, de Movimiento Ciudadano, impulsó un punto de acuerdo para que el gobierno federal detenga el envío gratuito o subsidiado de hidrocarburos a Cuba, una práctica que, según documentos oficiales y reportes de organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción, ha generado un impacto financiero negativo en Pemex y carece de transparencia. Sánchez Villegas criticó que estos envíos —justificados como “cooperación energética”— se realicen bajo precios preferenciales y sin rendición de cuentas clara, especialmente después de que el buque Ocean Mariner zarpó el 5 de enero con 14 millones de litros de petróleo hacia la isla. “No podemos permitir que recursos públicos se utilicen sin beneficio directo para los mexicanos”, afirmó. El Congreso de Chihuahua también solicitó al gobierno federal información detallada sobre los volúmenes, costos y fundamentos jurídicos de estas transacciones, en un contexto donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que los envíos se mantienen dentro del marco legal y de “solidaridad histórica”, pero donde organizaciones independientes estiman que, entre mayo y agosto de 2025, se exportaron hidrocarburos con un valor de más de 3,000 millones de dólares, tres veces lo enviado en años anteriores.

Además, la Diputación Permanente aprobó un exhorto para la separación inmediata de Marx Arriaga Navarro como director de Materiales Educativos de la SEP, tras acusaciones de que ha promovido comités partidistas dentro de la institución, violando los principios constitucionales de laicidad y neutralidad ideológica en la educación. Arriaga, quien ha convocado a asambleas virtuales para “defender la Nueva Escuela Mexicana” y ha sido criticado por impulsar una agenda ideológica en los libros de texto, generó polémica al acusar a la actual conducción de la SEP de “privatizar la educación”. “El adoctrinamiento no tiene cabida en las aulas”, subrayó el diputado Sánchez Villegas, quien presentó la propuesta, destacando que Arriaga ha buscado crear una estructura paralela a la SEP para “refundar el sistema educativo” desde una perspectiva crítica y de “poder popular”.

La sesión concluyó con el compromiso de dar seguimiento a los exhortos aprobados, especialmente aquellos relacionados con la seguridad en Guadalupe y Calvo, la transparencia en el uso de recursos públicos y la defensa de la educación laica. Ninguna de las iniciativas presentadas fue aprobada en el acto; todas quedaron turnadas a comisiones para su análisis, en un claro reflejo de la polarización y la necesidad de consensos que enfrentan los legisladores en este inicio de año.