El aseguramiento de la cabaña del senador Javier Corral en la Sierra Tarahumara, vinculado a una investigación por presunto desvío de recursos, ha desatado un nuevo capítulo de confrontación política en Chihuahua. Corral lo califica como un acto de “desesperación” del gobierno de Maru Campos.

Contexto del aseguramiento

El pasado viernes 16 de enero de 2026, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua ejecutó el aseguramiento de un inmueble propiedad del exgobernador y actual senador por Morena, Javier Corral Jurado. Se trata de la “Cabaña El Rincón”, ubicada en el municipio de Ocampo, en la cabecera de Basaseachi, dentro de la Sierra Tarahumara.

La acción se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez de control el día anterior. El inmueble, de estilo rústico y rodeado de vegetación en un área natural protegida, fue inmovilizado como parte de una carpeta de investigación por presunto desvío de 98.6 millones de pesos durante la administración de Corral como gobernador (2016-2021).

Reacciones del senador

Javier Corral reaccionó de inmediato en redes sociales, calificando la medida como un “acto de desesperación” del gobierno de la actual mandataria estatal, Maru Campos. El legislador acusó al “maruduartismo” —en referencia a la alianza política que atribuye a Campos con el exgobernador César Duarte— de utilizar la justicia como herramienta de persecución política. “Son patadas de ahogado”, escribió Corral, asegurando que responderá legalmente como lo ha hecho en cada acusación.

El Posición oficial: La Fiscalía Anticorrupción explicó que el aseguramiento busca garantizar la eventual reparación del daño patrimonial causado al estado, en caso de que se comprueben los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. El inmueble no podrá ser vendido ni transferido mientras continúan las indagatorias.

Comentario
El aseguramiento de la propiedad de Javier Corral no solo expone las tensiones entre el exgobernador y la actual administración de Maru Campos, sino que refleja un patrón recurrente en la política mexicana: la judicialización de las disputas políticas. Mientras la Fiscalía sostiene que se trata de una medida legal para garantizar la reparación del daño, Corral denuncia un uso faccioso de la justicia.

Más allá de la veracidad de las acusaciones, el caso revela la fragilidad institucional en Chihuahua, donde los procesos judiciales se perciben como prolongaciones de la arena política. El riesgo es que la ciudadanía termine viendo la justicia como un campo de batalla partidista, debilitando la confianza en las instituciones y dejando en segundo plano lo más importante: la rendición de cuentas real y transparente sobre el destino de los recursos públicos.