Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

A dos años del aumento a la tarifa del transporte público en Chihuahua, los compromisos de modernización acordados entre concesionarios y autoridades estatales siguen sin materializarse. En abril de 2023, el incremento de 3 pesos de 9 a 12 en rutas alimentadoras y 12 en rutas alimentadoras y 10 pesos en la ruta Troncal, se condicionó al cumplimiento de 10 puntos clave para mejorar el servicio, los cuales, hasta la fecha, permanecen como deudas con los usuarios.

Entre las mejoras pendientes destaca la renovación total de la flota vehicular, pues la ley exige unidades con menos de 10 años de antigüedad. Sin embargo, inspecciones recientes revelan que aún circulan modelos obsoletos, como un autobús de la ruta Circunvalación 1 , fabricado en 2003, y otro de la ruta Mármol modelo 2007 con adeudos por multas. Solo el 10% de los camiones en servicio corresponden a modelos entre 2020 y 2024.

Tampoco se ha cumplido con la instalación de sistemas de monitoreo GPS en todas las unidades, un requisito esencial para garantizar seguridad y puntualidad. Actualmente, solo el 15% de los autobuses cuenta con este equipo. Además, persisten fallas en la capacitación de conductores, ya que menos del 20% ha recibido entrenamiento formal en los últimos dos años, según datos de la Subsecretaría de Transporte.

La situación no es nueva para los chihuahuenses. Históricamente, los concesionarios han prometido mejoras significativas tras cada aumento de tarifa, pero estas promesas rara vez se cumplen. La Ley de Transporte del Estado de Chihuahua establece que las rutas deben respetar los horarios y frecuencias, pero más de la mitad de los pasajeros consultados indicaron que han tenido que esperar el camión por más de una hora. Esta falta de cumplimiento no solo afecta la calidad del servicio, sino que también pone en evidencia la ineficacia de las autoridades para hacer cumplir la ley.

La Subsecretaría de Transporte ha documentado que, de las 530 concesiones existentes, apenas 250 camiones prestan servicio diario, y muchos de ellos optan por cubrir las rutas más rentables, dejando desatendidas aquellas con menor demanda. Esto ha llevado a que rutas como Nombre de Dios, Tec II Industrial, y Circunvalación I se corten antes de lo estipulado, afectando a los usuarios que dependen de estos servicios. La falta de supervisión y sanciones efectivas ha permitido que esta situación persista, demostrando una clara falta de compromiso por parte del gobierno del estado.

Otro compromiso incumplido es la regularización de prestaciones laborales para operadores, lo que ha generado alta rotación y descontento entre los trabajadores. Tampoco se han cubierto los adeudos por revalidaciones y multas vehiculares, como en el caso de algunas unidades que acumula deudas por más de $50 mil pesos.

A pesar de que el acuerdo establecía la pérdida de concesiones para quienes incumplieran, ninguna ha sido revocada. Mientras tanto, los usuarios continúan pagando tarifas elevadas por un servicio que dista de ser moderno, seguro o eficiente, en una ciudad donde el transporte público parece condenado al estancamiento.