Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce
En un dramático giro frente a Palacio de Gobierno en Chihuahua, el representante legal de los afectados por Aras Business Group, Mariano Cordero, anunció la decisión de llevar el caso a nivel federal debido a presuntas deficiencias en el proceso judicial. La impugnación surge ante lo que considera omisiones y fallos en la condena, destacando la aparente falta de consideración de la cantidad exacta de la deuda por parte de la jueza Laura Mendoza.
Cordero señaló que esta situación revela deficiencias más amplias en el proceso legal, incluida la falta de inclusión de un número significativo de afectados en la reparación del daño. Mientras la carpeta judicial menciona a 4,500 personas, Cordero asegura que hay al menos 600 afectados más en Ciudad Juárez y otros dentro del municipio de Chihuahua, siendo estos ignorados en el proceso.
El representante legal expresó su preocupación por la aparente falta de sanciones efectivas contra los responsables de Aras Business Group, permitiéndoles continuar operando sin consecuencias. Criticó la inacción de la Fiscalía General del Estado y denunció un cierre prematuro del caso, generando malestar en la comunidad.
En un llamado a la justicia, Cordero exigió que la indemnización sea asumida tanto por el gobierno del estado de Chihuahua como por el Estado mexicano, responsabilizando a las autoridades por su falta de acción y fiscalización durante más de tres años. Destacó la urgencia de buscar reparación a través de vías penales.
En cuanto al número de afectados, Cordero reveló tácticas engañosas empleadas por ciertos abogados que podrían dejar a muchos fuera del proceso de impugnación. Alertó sobre captadores que, bajo la promesa de servicios gratuitos, buscarían compensación de otras formas.
La incertidumbre entre los afectados aumenta, y la impugnación del fallo de Aras parece ser solo el inicio de una lucha más amplia por justicia y reparación integral del daño patrimonial.