Hoy, 30 de junio de 2025, Chihuahua se une a la conmemoración mundial del Día de las Redes Sociales, una efeméride que desde 2010, establecida por Mashable, celebra el impacto transformador de plataformas digitales como X, Facebook, WhatsApp e Instagram en la comunicación y la sociedad. Aunque en la ciudad no se han organizado actividades oficiales por parte del gobierno o instituciones locales, esta fecha invita a los ciudadanos a reflexionar sobre el papel de las redes sociales en la vida cotidiana. Estas plataformas han permitido a los chihuahuenses mantenerse conectados con familiares y amigos, promover negocios locales y participar en debates públicos, pero también enfrentan desafíos como la desinformación, el acoso cibernético y el impacto en la salud mental. Sin embargo, la atención en la región se centra en la reciente aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha generado controversia por sus posibles implicaciones en la privacidad y la libertad de expresión, siendo señalada por algunos como una “ley mordaza”.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por el Senado el 29 de junio de 2025 con 77 votos a favor (Morena, PT, PVEM, MC) y 30 en contra (PRI, PAN), tiene como objetivo principal un enfoque social en el uso del espectro radioeléctrico, buscando conectar a 15 millones de mexicanos sin acceso a internet y fortalecer los medios comunitarios y afromexicanos. Entre sus disposiciones clave, se establece la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que reemplaza al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y el Consejo de Radiodifusión y Televisión (CRT), un órgano autónomo con comisionados propuestos por el Ejecutivo. Además, la ley fortalece los derechos de las audiencias al exigir que cada concesionario cuente con un defensor para atender quejas sobre desinformación o calumnias, y prohíbe la publicidad de gobiernos o entidades extranjeras, una medida que Sheinbaum defendió como una forma de proteger la soberanía nacional frente a la propaganda extranjera.

Sin embargo, la ley ha generado una intensa controversia debido a varias disposiciones que han sido criticadas por su potencial impacto en la privacidad y la libertad de expresión. Uno de los puntos más polémicos es la autorización para que las autoridades accedan a datos de geolocalización en tiempo real de los usuarios de líneas móviles sin necesidad de una orden judicial. Además, los operadores de telecomunicaciones deben conservar metadatos de comunicaciones, como llamadas, mensajes, duración, origen y destino, durante dos años. Esta disposición ha sido señalada como una forma de vigilancia estatal que pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos. Otro aspecto controvertido es la facultad de la Secretaría de Gobernación y la ATDT para suspender transmisiones de radio y televisión que infrinjan los derechos de las audiencias, no solo en casos relacionados con contenidos infantiles. Esta medida ha generado temores de que pueda ser utilizada para silenciar medios críticos al gobierno, afectando la libertad de expresión. La desaparición del IFT, un órgano autónomo, y su reemplazo por la ATDT, junto con la creación del CRT, ha sido criticada como un paso hacia un mayor control estatal sobre las telecomunicaciones, especialmente porque los comisionados del CRT son propuestos por el Ejecutivo, lo que podría comprometer la independencia del sector.

En Chihuahua, la oposición a la ley ha sido particularmente vocal. Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, ha calificado la ley como un “espionaje silencioso”, advirtiendo que pone en riesgo la privacidad de los ciudadanos y podría ser utilizada para monitorear actividades legítimas. Aunque no se han encontrado declaraciones específicas de Chávez sobre esta ley, su postura crítica hacia el gobierno y su defensa de los derechos civiles sugieren un rechazo a las disposiciones más controvertidas de la reforma. Otros legisladores de oposición, como el senador Mario Vázquez (PAN) y Arturo Medina (PRI), han expresado preocupaciones similares, señalando que la ley podría ser utilizada para controlar la narrativa pública y limitar la libertad de expresión, especialmente en plataformas digitales como X, donde los ciudadanos expresan opiniones y críticas al gobierno. Estas críticas se alinean con las preocupaciones de organizaciones internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, que han advertido sobre los riesgos para la independencia de los medios y el pluralismo informativo.

Para los usuarios de redes sociales en Chihuahua y México, la nueva ley plantea un escenario mixto. Por un lado, la promesa de conectar a 15 millones de personas sin acceso a internet es vista como un avance significativo, especialmente para comunidades rurales y marginadas, como las de la Sierra Tarahumara. Este objetivo podría permitir a más chihuahuenses participar en plataformas digitales, promoviendo la inclusión digital y el acceso a información. Sin embargo, las disposiciones sobre geolocalización y retención de datos generan preocupación entre los usuarios, quienes temen una mayor vigilancia de sus actividades en línea. En plataformas como X, los ciudadanos han expresado su inquietud, destacando la importancia de un internet libre y seguro. La posibilidad de suspender transmisiones también podría afectar a los creadores de contenido digital y medios independientes que operan en plataformas como YouTube o X, lo que preocupa a periodistas y activistas locales. “Si el gobierno puede decidir qué contenidos son aceptables, perdemos la libertad de expresarnos sin miedo”, comentó una periodista independiente de Chihuahua.

En este Día de las Redes Sociales, la celebración de la conectividad digital se ve opacada por las controversias generadas por la nueva Ley de Telecomunicaciones. Mientras los usuarios reflexionan sobre el impacto de las redes sociales en sus vidas, también deben considerar las implicaciones de esta ley en su privacidad y libertad de expresión. A medida que la ley pasa a la Cámara de Diputados para su revisión, los ciudadanos de Chihuahua esperan que se escuchen las preocupaciones y se ajusten las disposiciones más polémicas para garantizar un internet libre y seguro.