Nota y fotos por Silver Juárez Arce

La vocera del Gobierno Municipal de Chihuahua, Mariana de Lachica, informó este jueves que no han recibido notificación formal sobre las medidas cautelares impuestas por el Instituto Estatal Electoral (IEE) al alcalde Marco Bonilla, en el marco de una queja por violencia política de género.

Lachica reiteró las críticas del edil hacia el IEE, al señalar que los consejeros electorales actuaron como un “tribunal inquisidor”, excediendo sus funciones y respaldando, según su perspectiva, una campaña de desprestigio sistemática .

En la rueda de prensa, la portavoz subrayó un “trasfondo político” en la integración reciente del consejero Yuri Zapata a la comisión de quejas del IEE.

Destacó que Zapata, vinculado públicamente al exgobernador Javier Corral Jurado ahora militante de Morena, habría promovido intereses partidistas durante procesos electorales anteriores, según denuncias del PAN que, afirma, fueron respaldadas por tribunales.

Lachica advirtió que no permitirán la “contaminación de instituciones democráticas” en el estado, acusando a Morena de utilizar organismos públicos para “censurar a quienes piensan distinto”.

Además, anunció que esperarán la notificación oficial del Tribunal Electoral para solicitar justicia y revisar el “actuar faccioso” de Zapata y otros consejeros, mediante un proceso de remoción que involucra al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) .

Este conflicto se enmarca en una disputa legal iniciada en noviembre de 2024, cuando la diputada Brenda Ríos (Morena) denunció a Bonilla y Lachica por presunta violencia política de género.

Aunque inicialmente el IEE rechazó medidas cautelares por considerar insuficientes las pruebas , el Tribunal Electoral del Estado (TEE) ordenó en enero de 2025 investigar el fondo del caso.

Mientras el IEE determinó este 6 de febrero en una resolución publicada horas después de la declaración de Lachica que Bonilla y su vocera deben cesar declaraciones agresivas contra Ríos y eliminar contenidos difamatorios , el municipio insiste en que el proceso está viciado por intereses partidistas.