Conflicto Político en Chihuahua: PAN Exige Explicaciones a Senadora Andrea Chávez por Presuntas Irregularidades
Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce
La tensión entre partidos escaló este lunes tras las declaraciones de la dirigencia estatal del PAN, que acusó públicamente a la senadora morenista Andrea Chávez de vincularse a presuntos actos de corrupción y nepotismo. Daniela Álvarez Hernández, presidenta del PAN en la entidad, denunció que las recientes medidas disciplinarias impulsadas por Morena buscan encubrir irregularidades al interior de su propio partido, incluido el uso de recursos públicos en operaciones cuestionables.
Álvarez Hernández apuntó directamente a Chávez, señalando que su hermano, Gregorio Chávez, fue designado como delegado de la paraestatal Liconsa en Chihuahua bajo un esquema de favoritismo familiar. “No solo hablamos de nepotismo, sino de un problema grave que afecta a los chihuahuenses, como el conflicto con los productores de leche, donde el responsable principal sería el mismo hermano de la senadora”, afirmó la panista.
La crítica se centró en la falta de transparencia respecto al financiamiento de una “operación multimillonaria” que, según el PAN, Chávez habría impulsado en la entidad. “Ella debe aclarar de dónde salieron los recursos para estas acciones. No puede evadir la pregunta hablando de otros casos. Su responsabilidad es directa”, insistió Álvarez, en referencia a las declaraciones de la senadora, quien días antes había mencionado supuestos nexos familiares de la panista Kenia López Rabadán en el Senado.
Además, la líder estatal del PAN calificó las disputas internas en Morena como una “guerra de egos” que refleja la falta de cohesión en el partido. “Esto no es una competencia sana, sino una lucha encarnizada donde todos se atacan entre sí. Los lineamientos que ahora imponen son un intento por contener sus propios errores”, agregó.
La exigencia de rendición de cuentas se mantiene firme: el PAN urge a Chávez a responder sin “desviar la atención” y a resolver la crisis en Liconsa, cuya operación, aseguran, impacta directamente a miles de familias. Mientras tanto, el caso expone las fracturas políticas en la entidad, donde la transparencia y el uso de recursos públicos siguen en el centro del debate.