Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

En medio de un discurso gubernamental que pregona la inclusión, una realidad contradictoria emerge en el corazón de la capital chihuahuense: la progresiva pérdida de las tradiciones rarámuri en los espacios educativos. La situación se ha vuelto particularmente visible en la Escuela Primaria Práxedis G. Guerrero, donde se ha prohibido a las niñas tarahumaras portar su vestimenta tradicional.

La actual administración panista, que ha hecho de la inclusión una de sus banderas principales, enfrenta ahora cuestionamientos sobre la congruencia entre su discurso y la realidad que viven las comunidades indígenas en los espacios públicos. El caso de la prohibición de la “Napacha” (blusa) y la “Ipucha” (vestido) tradicionales en esta institución educativa ha encendido alertas sobre la preservación de la identidad cultural rarámuri.

Durante un recorrido por el centro, una madre de familia de la comunidad rarámuri expreso esta al ser cuestionada sobre el atuendo de su pequeña. compartió que se vio forzada a abandonar el uso del atuendo tradicional para su hija debido a restricciones escolares, supuestamente implementadas “por la seguridad de las niñas”, según le informaron las autoridades educativas.

Esta situación revela una paradoja en las políticas de inclusión: mientras el gobierno estatal promueve el respeto a la diversidad cultural, instituciones educativas imponen medidas que contribuyen a la erosión de las tradiciones indígenas. La pérdida de estas costumbres ancestrales no solo afecta a la vestimenta, sino que representa un golpe más amplio a la preservación de la identidad cultural rarámuri.

El caso de la Escuela Práxedis G. Guerrero podría sentar un precedente preocupante para otras instituciones educativas, poniendo en riesgo la rica herencia cultural de uno de los grupos étnicos más emblemáticos de Chihuahua. La situación demanda una revisión urgente de las políticas escolares y su alineación con los principios de inclusión y respeto a la diversidad cultural que el gobierno dice defender.

Estas restricciones podrían constituir una forma de discriminación institucional, contraviniendo no solo el discurso oficial de inclusión, sino también los derechos constitucionales de los pueblos originarios a preservar y practicar sus tradiciones culturales.