Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

En una rueda de prensa este viernes, COPARMEX Chihuahua, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y Transparencia Mexicana presentaron la iniciativa 3 de 3 Judicial, que busca que los 24 aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial del estado declaren su patrimonio, intereses y situación fiscal antes de las elecciones del 1 de junio. Este tribunal, responsable de sancionar conductas anticorrupción dentro del Poder Judicial y cuyas resoluciones son inapelables, elegirá a cinco integrantes de entre los candidatos.

Jesús Abud, presidente del CPC en Chihuahua, explicó que la iniciativa impulsada a nivel nacional desde el 7 de abril exige tres declaraciones: patrimonial (activos, pasivos y deudas), de intereses (para identificar posibles conflictos) y fiscal (confirmar el pago de impuestos). “Estas personas manejarán recursos públicos y decidirán sobre casos sensibles. La ciudadanía debe saber si son congruentes con lo que declaran”, subrayó.

Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, detalló que la información se compartirá en plataformas digitales de COPARMEX, el CPC y su organización para facilitar el acceso a los votantes. “Será una lista en WhatsApp: un clic mostrará quién cumplió y quién no”, señaló. Los candidatos podrán enviar sus declaraciones al correo del CPC, donde se validarán y publicarán, respetando datos sensibles.

Ante el riesgo de baja participación ciudadana estimada en apenas un 10%, Borges alertó: “Si un candidato gana con 300 votos, debe asegurarse que sean votos informados”. Gilberto Sánchez, de COPARMEX, añadió que promoverán la iniciativa en redes sociales y mediante el Instituto Estatal Electoral, donde los aspirantes podrán vincular sus declaraciones.

Los medios y la sociedad civil tendrán un papel clave al exigir a los candidatos que transparenten su información. “No es complicado: son 24 nombres. Queremos que Chihuahua lidere este esfuerzo”, concluyó Borges. La elección del Tribunal de Disciplina Judicial se perfila como un precedente para fortalecer la rendición de cuentas en México, poniendo la presión en los aspirantes para demostrar, con hechos, su compromiso anticorrupción.