Desplazamiento Masivo En Chihuahua: La Crisis Que No Se Puede Ocultar
Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce
El estado de Chihuahua atraviesa una grave crisis humanitaria provocada por el desplazamiento forzado interno de miles de personas, principalmente indígenas y mujeres, que han tenido que huir de sus comunidades de origen debido a la violencia del crimen organizado y los constantes enfrentamientos por la disputa de territorios. No solo eso, la crisis migratoria provocada por el mal gobierno federal Morenista, el cual permitió el paso libre de migrantes por el país, es un grave problema. Hablemos de este masivo desplazamiento interno.
De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), al menos 14,652 chihuahuenses se vieron obligados a desplazarse durante 2021 a causa de la delincuencia, las amenazas directas y la inseguridad reinante en diversas regiones de la entidad.
La crisis de desplazamiento forzado ha impactado con mayor crudeza a los pueblos indígenas asentados en la Sierra Tarahumara, una vasta zona montañosa y boscosa del noroeste de Chihuahua donde convergen los intereses del narcotráfico, las empresas extractivas y los megaproyectos de infraestructura.
Según el informe de ACNUR sobre el desplazamiento interno en Chihuahua, publicado en 2023, el 54% de las víctimas son mujeres, de las cuales el 56% se auto adscriben como indígenas. Asimismo, cerca del 40% de los hogares desplazados están encabezados por mujeres.
Una de las principales consecuencias del éxodo forzado ha sido la pérdida de las viviendas, ya que el 61% de los desplazados contaba con casa propia antes de huir. Del total, el 58% de esas viviendas se encuentran actualmente abandonadas, ocupadas ilegalmente o incluso destruidas.
Además del techo, las familias desplazadas han tenido que dejar atrás sus tierras de cultivo y negocios, los cuales eran su fuente de ingresos. Se estima que el 51% poseía tierras o bienes antes del desplazamiento, de los cuales el 46% eran cultivos y el 35% pequeños negocios.
La pérdida de sus viviendas, propiedades y empleos ha orillado a la gran mayoría de los desplazados a una situación de pobreza extrema. El 88% reconoce que actualmente no puede cubrir al menos uno de los gastos básicos como alimento, vestido, atención médica o educación para sus hijos.
En el plano alimentario, más de la mitad se encuentra en una situación de inseguridad moderada o grave. Ante la falta de oportunidades laborales formales, el 96% se ha visto forzado a emplearse en el sector informal como jornaleros, obreros o peones, principalmente en áreas rurales.
La crisis de desplazamiento en Chihuahua no es nueva, pero organizaciones civiles advierten que la omisión del gobierno estatal y federal la ha agravado hasta convertirla en una “crisis invisible”, al no reflejarse en las estadísticas oficiales los éxodos intermunicipales.
Pese a las evidentes violaciones a derechos humanos, el 68% de las víctimas no ha presentado denuncias formales por miedo a represalias del crimen organizado y por la desconfianza en las autoridades, algunas de las cuales han sido señaladas por su presunta colusión con los grupos delictivos de la zona serrana.