Nota y Fotos por: Silver Juárez Arce

En una sesión, el Ayuntamiento de Chihuahua aprobó este miércoles el Protocolo para la Protección de los Derechos Humanos e Inclusión de las Personas con Discapacidad y sus Familias, un instrumento que busca transformar la realidad de miles de ciudadanos mediante políticas públicas concretas. La regidora Blanca Patricia Ulate Bernal, titular de la Comisión de la Mujer y la Familia, destacó durante el debate que el protocolo “reconoce el papel fundamental de las mujeres, quienes suelen ser las principales cuidadoras en los hogares, y garantiza que sus derechos también sean protegidos”.

El documento, elaborado tras meses de diálogo entre organizaciones civiles, personas con discapacidad, la CEDH y autoridades municipales, incluye medidas como capacitación obligatoria para servidores públicos, adaptación de infraestructura y reconocimiento legal a cuidadores. Ulate Bernal subrayó que, desde su comisión, se vigilirá que la perspectiva de género y el apoyo a las familias sean ejes transversales en su implementación: “No podemos hablar de inclusión sin abordar las desigualdades que enfrentan las mujeres en estos roles”.

La aprobación se suma a iniciativas previas como el Reglamento para la Inclusión y Accesibilidad (2023) de la síndica Olivia Franco, y el Protocolo de Emergencias (2024) de la regidora Ana Lilia Orozco. Sin embargo, este nuevo marco destaca por su enfoque integral: alinea acciones municipales con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación estatal, mientras prioriza la coordinación interinstitucional.

Organizaciones como Inclusión Chihuahua celebraron la inclusión de las familias en el texto, algo que calificaron como “un avance sin precedentes”. No obstante, activistas exigieron plazos claros para la adaptación de edificios públicos y señalaron que, en colonias como Riberas del Bravo, aún hay escuelas y centros de salud sin rampas ni señalización accesible.

El protocolo entrará en vigor en abril de 2025, y su primer avance será un diagnóstico estatal sobre las condiciones de vida de las personas con discapacidad, liderado por la Comisión de la Mujer y la Familia. “Este es un paso, pero necesitamos voluntad política permanente”, concluyó Ulate Bernal.