Hoy en Chihuahua, se ha levantado una crítica hacia el Gobierno Federal debido a la situación que se vivió en el campamento de migrantes ubicado en la calle 57 y Juan Pablo II. En este lugar, trabajadores del Instituto Federal de la Defensoría Pública estuvieron llevando a cabo un censo de migrantes supuestamente para apoyos y ayuda a estas personas ya que no quisieron dar mas información por cuestiones de la veda electoral, mientras que en México persiste una grave escasez de medicamentos para personas enfermas y un sin fin de problemáticas.
La ironía no pasa desapercibida: mientras los ciudadanos mexicanos luchan por acceder a tratamientos médicos vitales, entornos libres de violencia y una economía estable, el gobierno destina recursos y apoyos a migrantes que, si bien necesitan ayuda, plantea una discrepancia en la priorización de los recursos del pueblo mexicano.
El programa implementado por el Gobierno Federal que otorga 110 dólares mensuales a migrantes para regresar a su país, aunque pueda considerarse una medida humanitaria, resalta aún más la falta de atención a las necesidades de los mexicanos. Además, la falta de mecanismos eficientes para evitar el doble registro de beneficiarios sugiere una posible malversación de recursos.
Esta situación pone de manifiesto las deficiencias en la gestión de los recursos públicos y la falta de priorización de las necesidades internas del país. Mientras se destinen recursos a la ayuda externa, es imperativo que se aborden de manera urgente los problemas internos, como lo es la escasez de medicamentos y la mejora de los sistemas de atención médica, educativa, económica y de seguridad ya que el crimen organizado y un sin fin de problemáticas que se deben resolver las cuales no estearina si el gobierno federal no las hubiera generado.
