Nota: Redacción – Fotos por: Silver Juárez Arce
En medio de una crisis humanitaria en la ciudad de Chihuahua, causada por el gobierno federal a cargo de AMLO y la inacción del gobierno estatal de Chihuahua, se ha mostrado una negligencia alarmante en abordar la problemática creciente de los migrantes. La situación se ha vuelto insostenible, con graves consecuencias para la salud pública y el bienestar de la comunidad local.
La raíz del problema se encuentra en las políticas laxas implementadas por el gobierno federal, liderado por AMLO, que permitieron el paso de migrantes sin un adecuado permiso, identificación o registro. Esta decisión irresponsable ha generado un flujo constante de migrantes, principalmente de países como Venezuela, Centroamérica y Haití, hacia los estados del norte de México, en particular Chihuahua, que comparten frontera con Estados Unidos.
El campamento improvisado de migrantes con cajas y casas de acampar hechas con lonas y ropa vieja ubicado en la calle 58 y Juan Pablo II de la ciudad de Chihuahua es un reflejo vívido de esta crisis. La falta de recursos básicos como baños adecuados y suministro de agua esenciales para la higiene ha provocado condiciones insalubres y peligrosas. Con solo tres baños tipo «Jonnys » portátiles y dos contenedores de agua de 800 litros cada uno para una gran cantidad de personas mas de 300, la situación es desesperante. Los desperdicios, incluidos restos de comida, ropa vieja y pañales de bebés, se acumulan en el campamento, lo que no solo presenta riesgos para la salud pública sino que también contamina el entorno.
Además, la falta de un sistema de registro adecuado ha creado un ambiente propicio para la incertidumbre y el caos. Sin saber quiénes son realmente estos migrantes, si buscan oportunidades legítimas o representan una amenaza para la seguridad pública, la comunidad local se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema.
Mientras tanto, la administración estatal ha fracasado estrepitosamente en abordar esta emergencia humanitaria. La falta de acción y liderazgo por parte del gobierno estatal ha exacerbado la crisis, dejando a los ciudadanos de Chihuahua desamparados y desprotegidos.
Es imperativo que tanto el gobierno federal como el estatal asuman su responsabilidad y tomen medidas inmediatas para abordar esta crisis humanitaria. Se necesita urgentemente un sistema de registro y control de los migrantes que garantice la seguridad tanto de la comunidad local como de los propios migrantes. Además, se requiere una respuesta coordinada y efectiva para proporcionar los recursos necesarios, incluidos baños adecuados, suministro de agua y atención médica, para mitigar los riesgos para la salud pública.
En última instancia, la inacción y negligencia de los gobiernos frente a esta crisis son inaceptables y ponen en peligro la seguridad y el bienestar de todos los involucrados. Es hora de que actúen con urgencia y determinación antes de que la situación empeore aún más y cause un daño irreversible a la comunidad.