En una rueda de prensa celebrada este martes, las diputadas federales del PAN, Manque Granados y Rocío González, junto con la presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez, denunciaron lo que calificaron como un “avance sin precedentes hacia un Estado vigilante” tras las reformas aprobadas durante el reciente periodo extraordinario del Congreso de la Unión. Las legisladoras advirtieron que las medidas impulsadas por el gobierno de Morena representan una amenaza directa a la privacidad y las libertades individuales de los ciudadanos.

Las diputadas criticaron duramente el proceso legislativo que llevó a la aprobación de las reformas, señalando que se realizó con “poca transparencia y una prisa injustificada”. “Fueron dos semanas intensas en las que se aprobaron reformas que afectarán profundamente la vida de los mexicanos, sin el debate necesario ni la participación ciudadana”, afirmó Manque Granados. Según las legisladoras, el gobierno de Morena aprovechó el periodo extraordinario para consolidar un modelo de gobierno centralizado, eliminando contrapesos democráticos y concentrando el poder en pocas manos.

Una de las medidas más controvertidas es la implementación de la CURP biométrica, que las diputadas describieron como un “instrumento de control masivo”. “Esta identificación biométrica no solo recopilará datos personales, sino que también permitirá al gobierno rastrear y monitorear a los ciudadanos en tiempo real”, advirtió Rocío González. Las legisladoras expresaron su preocupación por la falta de claridad sobre cómo se utilizarán estos datos y quiénes tendrán acceso a ellos, señalando que “no hay garantías de que esta información no sea utilizada con fines políticos o de persecución”.

Otra de las reformas que generó mayor preocupación entre las diputadas es la que permite la geolocalización en tiempo real de los usuarios de telefonía móvil. “Esto significa que el gobierno podrá saber en todo momento dónde estamos, con quién estamos y qué estamos haciendo, sin necesidad de una orden judicial”, denunció Manque Granados. Las legisladoras criticaron que esta medida se justifique bajo el pretexto de la seguridad, cuando en realidad “se trata de un mecanismo de vigilancia masiva que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Las diputadas también alertaron sobre la eliminación de órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). “Estos organismos eran fundamentales para garantizar la transparencia y la competencia en el país”, afirmó Rocío González. Según las legisladoras, su desaparición “deja al gobierno sin contrapesos, permitiéndole actuar sin rendición de cuentas”.

Además de las reformas en materia de seguridad y privacidad, las diputadas criticaron los recortes presupuestales en áreas clave como salud, infraestructura y energía. “Mientras se recortan recursos esenciales para el desarrollo del país, el gobierno aumenta el presupuesto para programas sociales con fines electorales”, denunció Manque Granados. Las legisladoras señalaron que esta estrategia busca “mantener contenta a su base de apoyo, mientras se debilitan las instituciones y se viola la privacidad de los ciudadanos”.

Ante este panorama, las diputadas del PAN afirmaron que su partido ha presentado alternativas y reservas a las reformas aprobadas. “Hemos propuesto mecanismos para garantizar la transparencia y la protección de los datos personales, pero el gobierno de Morena ha preferido ignorarnos”, afirmó Rocío González. Las legisladoras también destacaron la importancia de incorporar la voz de las víctimas en las políticas públicas, especialmente en temas como la desaparición forzada.

Las diputadas concluyeron su intervención con un llamado a la resistencia y la defensa de las libertades individuales. “No podemos permitir que el gobierno de Morena convierta a México en un Estado vigilante, donde la privacidad y los derechos humanos sean cosa del pasado”, afirmó Manque Granados. Las legisladoras hicieron un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a la sociedad civil a “unirse en la defensa de la democracia y las libertades fundamentales”.