Cobertura informativa y fotografías por: Silver Juárez Arce.
En el marco de la Reforma a la Constitución del Estado de Chihuahua, el Congreso del Estado realizó el Conversatorio sobre la Constitución como Garante de Legalidad, Responsabilidades de los Servidores Públicos y Fiscalización, en el que se impulsa el mecanismo de Parlamento Abierto.
La actividad forma parte de los trabajos de la Reforma Constitucional, en materia de derechos humanos, igualdad, político-electoral, interés superior de la niñez, economía y democracia.
La bienvenida corrió a cargo del diputado Mario Vázquez, presidente de la Comisión Especial de la Reforma Constitucional.
Dijo que hablar de la legalidad y de la responsabilidad de los funcionarios públicos, así como el proceso de fiscalización es una muestra del avance en materia de combate a la corrupción.
En su intervención, el diputado Roberto Carreón, presidente de la Comisión Anticorrupción en conjunto con la diputada Leticia Ortega, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicaron el proceso del conversatorio y recalcaron que este espacio es fundamental para se tenga una constitución que fortifique las leyes que rigen al Estado y se eleve la calidad de vida de los chihuahuenses.
Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado de Chihuahua, acotó en su ponencia que el Congreso local es una parte fundamental en este proceso dado a que es el que analiza y aprueba las cuentas públicas de las entidades.
La reforma debe plasmarse en la Constitución, así como los mecanismos y facultades para robustecer a la auditoría y los procesos de fiscalización.
“Nosotros vemos con muy buenos ojos que se tengan reformas en las que se deje a un lado la fiscalización de cuentas de manera política y que se haga como en la actualidad, de una manera muy técnica; Chihuahua necesita hacer realidad en su constitución estos procesos y ser ejemplo”, finalizó.
Mayra Arróniz, Magistrada presidenta del Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua, resaltó que la función pública, la fiscalía anticorrupción y la auditoría superior, son organismos que deben de enfocarse al combate de la corrupción dentro de la función pública y que los tribunales de justicia administrativa se deben de basar en la garantía de los derechos humanos y la justicia a impartir.
Gustavo Parra, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, platicó que en 1977 se establece que el derecho a la información debe de ser garantizado por el Estado y esto detona una visión en la que el ciudadano tiene que tener todo lo posible para la toma de decisiones y que las organizaciones civiles de la mano con los gobiernos han fomentado como libertad de expresión esta transparencia y consolidar la autonomía constitucional.
“Los organismos autónomos que tienen una gran demanda ciudadana, deben de ser totalmente imparciales, colegiados y transparentes, esto es una necesidad que debe de ser base en el proceso de reforma que Chihuahua tiene; todo este trabajo construirá un camino para el combate a la corrupción y la protección de datos”, determinó.
Carmina Cortés, Magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, detalló que los órganos internos de control fungen una función que contribuye a que el sistema de responsabilidades administrativas “camine”, por lo que indicó que es una de las partes que se deben de enriquecer.
“Es un proceso muy importante y en donde Chihuahua incluya a los organismos internos de control porque establece una obligación para que se tenga una transparencia, combate a la corrupción y fiscalización real; los mecanismos para tener los perfiles idóneos son determinante porque la función que deben de realizar no es menor”, terminó su participación.
