Nota y fotos: Silver Juárez Arce

Este lunes, las autoridades estatales iniciaron el retiro de las 500 vallas metálicas que rodeaban el Palacio de Gobierno y otros edificios públicos en la capital chihuahuense

Hoy martes ya han sido instaladas la mayor parte de ellas por lo que el tránsito se restablece en esta zona céntrica de la ciudad.

Estas estructuras habían sido instaladas como medida de prevención ante la marcha convocada para el sábado 8 de marzo, la cual como en años anteriores derivó en actos vandálicos, pintas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El evento del 8M, que conmemora el Día Internacional de la Mujer, reunió a miles de personas en el centro de la ciudad.

Sin embargo, un grupo minoritario generó desmanes: se documentaron pintas en muros históricos, daños a mobiliario público y quema de objetos frente a sedes gubernamentales.

Aunque no se reportaron heridos graves, vecinos y comerciantes criticaron la falta de control por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y municipal, que no logró contener los disturbios a pesar de contar con todas las capacitaciones y cursos los cuales algunos fueron internacionales.

Organizaciones civiles y ciudadanos señalaron que, pese a la instalación masiva de vallas, la estrategia fue reactiva y no preventiva. Las vallas solo sirvieron como símbolo de opacidad, no de protección y las fuerzas de seguridad sin acción.

Tras los disturbios, equipos de mantenimiento trabajaron desde el domingo para limpiar evaluar los daños y comenzar con las reparaciones, cuyo costo preliminar se estima en 2.5 millones de pesos.

Este incidente refleja un problema cíclico en Chihuahua: desde 2020, marchas con causas sociales han sido recurrentemente infiltradas por grupos que provocan caos, mientras las autoridades son acusadas de inacción.

Mientras las vallas se almacenan, la pregunta entre la ciudadanía es clara: ¿Se atenderán las fallas estructurales en seguridad y gobernanza, o el próximo año se repetirá el mismo guion?