Nota y fotos por: Silver Juárez Arce

Mientras la Cámara de Diputados avanza en la prohibición de los cigarrillos electrónicos, un usuario anónimo de estos dispositivos, entrevistado en las calles de Chihuahua, cuestionó la prioridad que el gobierno le da a esta medida, especialmente cuando, según su perspectiva, “hay problemas más urgentes, como la inseguridad”.

El entrevistado, quien prefirió mantenerse en el anonimato, explicó que los vapeadores —con precios que oscilan entre 200 y 600 pesos, dependiendo de la capacidad y marca— son una alternativa para muchos que buscan evitar el olor desagradable del cigarro tradicional. “Lo dejé porque el cigarro huele feo, y los vapeadores no dejan ese olor”, argumentó, mientras reconocía que la duración de los dispositivos varía, aunque en su caso suelen rendir alrededor de 10 días.

Aunque la prohibición aún debe ser aprobada por el Senado, el usuario anticipó que, como ha ocurrido con otros productos, la legalización podría llegar una vez que el gobierno encuentre la manera de cobrar impuestos. “No creo que les importe la salud; lo que quieren es controlar y ganar”, afirmó, criticando que los legisladores invierten tiempo en regulaciones que, a su juicio, no abordan las verdaderas necesidades del país.

Su postura refleja el descontento de un sector de la población que ve en esta medida una distracción de temas más apremiantes, como la seguridad pública y la economía, donde, según el entrevistado, “deberían estar enfocando sus esfuerzos” pero también refleja la falta de conocimiento de lo que estos dispositivos generan para la salud, tal vez por falta de campañas que muestren los efectos nocivos que tiene en la salud humana.