Reportero de Policíacas

Esta mañana, más de un centenar de personas afectadas por el caso Aras Business Group se congregaron frente a la Fiscalía Zona Centro de Chihuahua para exigir una acción inmediata y efectiva que repare los daños causados por la controvertida inversión. La protesta, liderada por el licenciado Felipe Acosta, demandó el rescate urgente de los bienes asegurados a la empresa con el fin de compensar a los miles de inversores afectados.

Los manifestantes denuncian graves irregularidades en el manejo de los bienes. De 71 propiedades identificadas, solo 22 están ocupadas, mientras que otros 20 no fueron asegurados, dejando aproximadamente 30 propiedades disponibles para resarcir los daños. Esta falta de acción y transparencia por parte de las autoridades ha generado una profunda desconfianza entre los afectados.

Para captar la atención de las autoridades, los manifestantes cerraron la avenida Teófilo Borunda norte y la calle 27, lo que causó una significativa congestión vehicular en la zona. A través de estas acciones, los afectados buscan respuestas claras y soluciones rápidas a su situación desesperada.

La desconfianza se ha visto agravada por las discrepancias en la información proporcionada por las autoridades. Inicialmente, se mencionaron cerca de 700 millones de pesos disponibles para la reparación de daños; sin embargo, esa cifra se ha reducido inexplicablemente a casi 500 millones. Esta inconsistencia ha profundizado la incertidumbre y el malestar entre los inversionistas defraudados.

Además, los manifestantes acusan a los abogados Érika Jasso y Mariano Cordero de obstaculizar el proceso de reparación mediante la presentación de amparos contra la sentencia dictada por una jueza de control. Este tipo de maniobras legales no solo ralentiza el proceso, sino que también pone en duda la eficacia y compromiso de las autoridades para resolver el problema.

Otra preocupación crítica es el deterioro de los bienes asegurados. Los manifestantes temen que este deterioro disminuya el valor de las propiedades, lo que a su vez afectaría negativamente la compensación que recibirán los afectados. Esta situación no solo refleja una gestión deficiente, sino también una falta de sensibilidad hacia las personas que han perdido sus ahorros.

Los afectados han manifestado su intención de permanecer en el lugar hasta recibir respuestas concretas sobre los bienes asegurados y aquellos que aún no están bajo resguardo. Exigen una solución rápida y justa, y advierten que no cesarán en sus esfuerzos hasta obtener una respuesta satisfactoria de las autoridades.