En medio de una escalada diplomática sin precedentes, Estados Unidos ha lanzado acusaciones que cimbran al sistema financiero mexicano. La intervención de bancos y casas de bolsa, sumada a un trasfondo político y criminal, coloca en jaque la estabilidad bilateral.

Este jueves, altos niveles del Gobierno mexicano se vieron sacudidos por una crisis de carácter financiero y diplomático. Las acusaciones provenientes del Departamento del Tesoro estadounidense hacia instituciones bancarias mexicanas provocaron reacciones de máxima tensión, tanto en Palacio Nacional como en Washington.

En reuniones privadas, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, reconoció que las imputaciones podrían desatar una reacción en cadena en el sistema financiero. La incertidumbre es total y las medidas de contención iniciales incluyeron la intervención de Intercam y CI Banco, extendiéndose posteriormente a la casa de bolsa Vector, ligada al empresario Alfonso Romo.

Las decisiones se tomaron bajo el peso de las recomendaciones de Anna Morris, subsecretaria del Tesoro estadounidense especializada en terrorismo financiero, quien ha sostenido un canal de comunicación activo con autoridades mexicanas durante esta crisis.

El embajador Ronald Johnson intentó mitigar el conflicto destacando la cooperación bilateral en seguridad y difundiendo acciones conjuntas con el Comando Norte. No obstante, en paralelo, el Gobierno mexicano promovió en el Senado una serie de iniciativas clave para demostrar voluntad de combate al crimen financiero: desde una ley contra el lavado de dinero hasta la iniciativa de “jueces sin rostro”, alineada con los intereses de seguridad de Estados Unidos.

Sin embargo, la narrativa se resquebraja por una revelación sensible: parte de las acusaciones provendrían de información aportada por Ovidio Guzmán, miembro del Cártel de Sinaloa, quien habría sellado un acuerdo con el Departamento de Justicia norteamericano. Esta conexión reforzaría la hipótesis de una ofensiva legal programada en Washington con información confidencial a la que las autoridades mexicanas no tuvieron acceso previo.

Las declaraciones de la fiscal general Pam Bondi, quien en el Capitolio categorizó a México como “país enemigo”, contribuyeron a tensar aún más los vínculos. Su cercana relación con Scott Rembrandt, subsecretario del Tesoro presente en la última Convención Bancaria en México, podría ofrecer otra pista sobre la génesis del operativo financiero.

Esta crisis irrumpe justo después de una conversación telefónica entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump que evidenció distancias crecientes en la agenda bilateral. Las tensiones fueron en aumento pese a los esfuerzos del Gobierno mexicano por sostener una narrativa de cooperación.
La supuesta sorpresa del Gobierno mexicano ante las decisiones del Tesoro ha generado fracturas internas, particularmente entre sectores del obradorismo que señalan a Edgar Amador por confiar en un diálogo que, a la luz de los hechos, no fue suficiente para anticipar el golpe.

INFORMACIÓN RELEVANTE
• Tres instituciones financieras mexicanas ya han sido intervenidas.
• Las acusaciones se vinculan a testimonios supuestamente brindados por Ovidio Guzmán.
• Se introdujeron reformas clave en el Senado para mejorar el control financiero.
• La fiscal general estadounidense calificó a México como “país enemigo” en una sesión legislativa.
• Se especula con un giro estratégico dentro del Cártel de Sinaloa, con “Los Chapitos” cediendo espacio frente a “El Mayo”.