Reportero de Policíacas

Familiares de una mujer de la comunidad tarahumara y organizaciones civiles presentaron este jueves una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM), acusando a elementos de la Fiscalía General del Estado de ingresar sin orden judicial a su domicilio, agredirla y detenerla de manera irregular.

El hecho reabre el debate sobre los protocolos de actuación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), señalada en reiteradas ocasiones por presuntas negligencias en casos de violencia contra mujeres.

De acuerdo con la versión de los denunciantes, los agentes habrían irrumpido en la vivienda de la mujer, ubicada en una zona rural, donde presuntamente golpearon a la persona Balbina Gutiérrez Martinez de 29 años, antes de llevarla a custodia.

La familia, acompañada por representantes de la comunidad tarahumara, exigió una investigación imparcial y respeto a los derechos colectivos: “No hubo justificación para actuar sin una orden. Esto es discriminación institucional”, declaró un familiar durante una entrevista frente a la FEM, los números de las unidades son Eb7491A y Du2136a.

El caso se suma a reclamos previos contra la DSPM en meses recientes, se han documentado denuncias ciudadanas sobre incidentes como el abandono de una mujer en la carretera por la noche tras una detención, una agresión física frente a la entrada de un alsuper y la muerte de una mujer durante un traslado policial a la Comandancia Norte, hechos que, reflejan un patrón de desatención a protocolos básicos de protección.

La comunidad insta a la fiscalía a esclarecer los hechos denunciados este jueves y a garantizar que las mujeres indígenas, históricamente marginadas, accedan a justicia sin discriminación. La DSPM debe transparentar sus acciones y demostrar que sus protocolos priorizan la integridad de las personas.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni la DSPM han emitido un comunicado sobre el caso. La falta de respuestas alimenta la desconfianza ciudadana, mientras la pregunta sigue en el aire.

¿cómo garantizarán las autoridades el derecho a la seguridad de las mujeres en un contexto donde las denuncias por abuso de poder persisten? La sociedad espera acciones concretas, no escusas ni silencio.