Reportero de Policíacas

Más de 13 asociaciones civiles promueven amparo colectivo por presuntos abusos de autoridades

Asociaciones civiles y centros de rehabilitación integrados en la Coalición de Centros de Rehabilitación y Asociaciones Civiles del Estado de Chihuahua denunciaron públicamente ser víctimas de presuntos actos de extorsión, cohecho y abuso de autoridad por parte de funcionarios municipales y estatales.

De acuerdo con su pronunciamiento, en las últimas semanas se han intensificado supuestas “revisiones” en centros de rehabilitación, albergues, casas de asistencia social y asilos, durante las cuales -aseguran- se imponen multas que oscilan entre los 25 mil y los 60 mil pesos bajo diversos pretextos administrativos

Posteriormente, señalaron, inspectores de Gobernación acudirían a solicitar pagos irregulares (“moches”) para permitirles continuar operando sin ser clausurados.

Estas exigencias económicas, afirmaron, van de los 5 mil a los 20 mil pesos semanales.

Las asociaciones denunciaron que uno de los principales argumentos utilizados por las autoridades es la supuesta falta de permiso de Gobernación por “comercio y centro de espectáculos”, clasificación que consideran improcedente para instituciones de asistencia social.

Además, acusaron que, pese a haber intentado tramitar los permisos correspondientes, han recibido negativas anticipadas con el argumento de que existe una instrucción superior para no otorgar autorizaciones a este tipo de organizaciones.

Según su versión, los encargados de los centros son amenazados con clausuras inmediatas en caso de no cubrir las multas o los pagos solicitados.

En su denuncia pública, también señalaron que durante algunas inspecciones se han registrado presuntos actos de robo por parte del personal que realiza las revisiones, así como intimidaciones contra directivos y trabajadores.

De manera particular, denunciaron intentos de realizar revisiones corporales por parte de elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones en centros de rehabilitación para mujeres, situación que -indicaron- fue impedida por el propio personal de las instituciones al considerarla una violación a los derechos de las usuarias.

Ante lo que consideran violaciones a los derechos tanto del personal como de los usuarios y usuarias, más de 13 asociaciones civiles decidieron promover un amparo colectivo con el apoyo del abogado Marco Antonio Seáñez.

El recurso legal busca frenar las inspecciones que califican como arbitrarias y garantizar el respeto a los derechos humanos dentro de los centros de asistencia.

Las organizaciones también señalaron que han intentado entablar diálogo con el comisionado estatal de Adicciones, Javier González, sin obtener respuesta hasta el momento.
Indicaron que continuarán por la vía legal y mediática hasta que cesen las presuntas prácticas de extorsión y se establezcan mecanismos claros y transparentes de supervisión.

Hasta ahora, ninguna autoridad municipal o estatal ha emitido postura oficial respecto a estos señalamientos.