Reportero de Policíacas
En un contraste evidente con el estado de Puebla, donde la Ley Contra la Violencia Vicaria ha tenido avances con casos resueltos, Chihuahua enfrenta una situación estancada desde la aprobación de la ley en octubre de 2022. La propuesta, que busca abordar la violencia vicaria, se encuentra en una incómoda pausa en el estado norteño.
A pesar de los esfuerzos del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en Chihuahua, las autoridades competentes no han logrado avanzar en la implementación de la ley. A pesar de las reuniones con figuras clave como Miriam Hernández, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, y las diputadas Georgina Bujanda y Adriana Terrazas, presidenta del Congreso Estatal, la situación persiste sin avances sustanciales.
El más reciente intento legislativo para combatir la violencia vicaria, propuesto por la diputada América García en mayo pasado, no obtuvo el respaldo necesario y parece haber caído en el olvido. Mientras tanto, el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria espera desesperadamente una resolución que brinde protección a las víctimas.
La falta de una legislación específica deja a las víctimas en una posición vulnerable. En la actualidad, en Chihuahua, no hay consecuencias legales para la sustracción de hijos por parte de un progenitor, aunque esta acción tenga como objetivo infligir sufrimiento a la madre. La falta de medidas legales deja desprotegidas a las víctimas de violencia vicaria en un estado que espera la implementación de una ley que les brinde resguardo y justicia.