Reportero de Policíacas
La Policía Estatal de Chihuahua se encuentra en el ojo del huracán tras recibir nuevas amenazas que exponen una red de corrupción y disputas internas. Las advertencias apuntan directamente a varios mandos de la corporación, señalados por participar en actividades ilícitas y estar protegidos por altos funcionarios.
Según la información recibida, Aron Quintana, un mando importante dentro de la Policía Estatal, ha sido acusado de recibir sobornos semanales, conocidos como «cotorras», que son recolectados por sus subordinados, incluidos la comandante Deymi y otros oficiales. Esta sería la segunda amenaza dirigida a la comandante Deymi, quien aparentemente no ha dejado de participar en estas prácticas a pesar de las advertencias.
La corrupción parece estar extendida y bien organizada, con otros funcionarios también involucrados. Simeón y el Jefe Loya, superiores de Quintana, han sido cuestionados por no tomar medidas en su contra, a pesar de que Quintana enfrenta múltiples carpetas de investigación. Se sugiere que incluso los agentes de asuntos internos temen intervenir, lo que deja a Quintana actuar impunemente.
Uno de los casos más sonados es el del inspector Llamas, quien recientemente renunció tras ser amenazado por haberse apropiado de 500 mil pesos en un incidente conocido como el «asunto de Sierra Azul». Esta situación ha generado mayor desconfianza y temor dentro de la fuerza policial.
Además, en Parral, otra figura señalada es el comandante Yañez, apodado «suavecito», quien supuestamente recoge dinero para Quintana desde esta ciudad. Las acusaciones indican que la corrupción se extiende más allá de la capital, afectando a otras regiones bajo la jurisdicción de la Policía Estatal.
La falta de acción por parte de las autoridades superiores ha generado preocupación y críticas entre los ciudadanos y dentro de la misma corporación. La impunidad y el temor parecen ser factores clave que permiten que estas prácticas continúen sin consecuencias.
Los chihuahuenses esperan una respuesta contundente de las autoridades competentes para investigar y sancionar a los responsables, y restaurar la confianza en la Policía Estatal. La transparencia y la justicia son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.