En medio de la creciente presión por el hallazgo de un presunto campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, Jesús Alberto Hernández, analista político y catedrático, señala que el gobierno federal busca “encapsular” y “minimizar” el caso para evitar que se le atribuya responsabilidad directa. El académico advierte que la estrategia oficial consiste en trasladar la carga a autoridades locales, tal como ocurrió en casos emblemáticos como la masacre de Aguas Blancas (1995) o, en contraste, el mal manejo de Ayotzinapa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, que derivó en una crisis de credibilidad.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrenta un dilema: Jalisco, estado gobernado por un partido aliado aunque con autonomía operativa, complica la narrativa de coordinación entre niveles de gobierno. Hernández subraya que, al intentar delimitar el caso como un problema local, el Ejecutivo federal evita asumir responsabilidades, pero arriesga fracturas políticas ante una crisis que ya trasciende fronteras estatales.

Según el análisis del catedrático, otro objetivo oficial es restar gravedad a los hechos. Para ello, se habría revitalizado la figura de un exfuncionario anteriormente marginado por irregularidades, quien ahora cuestiona la existencia de “campos de exterminio” en Teuchitlán. Su argumento: no hay pruebas contundentes de hornos crematorios, pese a testimonios de víctimas reclutadas por el crimen organizado, quienes describen entrenamientos forzados, asesinatos e incineración de cuerpos en la zona.

A esto se suma, según Hernández, una campaña en redes sociales con supuesta inversión pública para desacreditar a opositores y difundir teorías que atribuyen las críticas a intereses extranjeros, en alusión a medios vinculados a Vox.

Cifras que estremecen: más de 5,000 fosas y un legado de violencia, Alberto Hernández recuerda que, en las últimas décadas, México acumula cerca de un millón de muertos y 120,000 desaparecidos, según cálculos extraoficiales. De las aproximadamente 5,000 fosas clandestinas documentadas por investigaciones periodísticas, al menos la mitad se habrían excavado durante el actual gobierno. Estas cifras, comparables con las víctimas de la Revolución Mexicana, reflejan una crisis humanitaria que se agrava ante la ineptitud institucional.

La administración de López Obrador enfrenta múltiples frentes: la amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos, tensiones con grupos narcos por extradiciones, y el descontento interno, como las protestas contra la reforma electoral y la movilización de sindicatos. Para el catedrático, el caso de Teuchitlán podría convertirse en el “Ayotzinapa de este sexenio”, es decir, un punto de quiebre en la percepción pública si no se actúa con transparencia.

Aunque el expresidente Felipe Calderón es señalado por su “guerra contra el narcotráfico”, Hernández critica la narrativa oficial que busca endosarle la mayoría de las violencias actuales, omitiendo responsabilidades de administraciones recientes.

En este escenario, la reactivación de figuras como Pablo Gómez y el uso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reflejarían, según el académico, un intento desesperado por contener la crisis de desapariciones antes de que colapse la agenda gubernamental.

Mientras el gobierno insiste en “estudiar” los hechos para posponer soluciones y diluir el impacto mediático, las familias de víctimas exigen verdad. La pregunta es si la estrategia de encapsular y minimizar funcionará en un México que, hoy más que nunca, clama por justicia ante un horror que no cesa.