Agarrón en el Congreso por caso Noroña.
Piden cárcel a quienes se roban los recursos del Bienestar.
Abandona las ambulancias en las que se promovía Andrea Chávez.

DEBATA.- El incidente en el AICM con Gerardo Fernández Noroña ha generado un fuerte debate en el Congreso. Según los reportes, el abogado Carlos Velázquez de León Obregón confrontó al senador en la sala VIP del aeropuerto, lo agredió verbal y físicamente, y le arrebató su teléfono celular mientras intentaba grabar el altercado.

CRITICA.- La reacción política ha sido variada: mientras algunos legisladores respaldaron a Noroña y condenaron la agresión, otros han criticado la manera en que el senador manejó la situación, especialmente tras la disculpa pública que el abogado ofreció en el Senado. La oposición ha calificado el acto como un exceso, argumentando que la disculpa pública impuesta refleja una dinámica de poder cuestionable.

El debate en el Congreso ha puesto de relieve las tensiones políticas y la polarización en torno a figuras como Noroña. ¿Cómo ves el impacto de este episodio en la percepción pública del legislador?

LÍMITES.- En una magistral exhibición de prioridades nacionales, el Congreso convirtió una pelea de aeropuerto en un debate sobre el alma de la democracia. Porque nada dice “respeto entre actores públicos” como transformar cada incidente en un espectáculo de indignación selectiva. Si legislar es el arte de la distracción, aquí tenemos a verdaderos maestros en acción.

VIDEO.- En un acto de valentía parlamentaria digna de un guion de drama político, el diputado Jorge Soto subió a tribuna para exigir que el Senado descubra el concepto revolucionario de la libertad de expresión. Y, claro, nada refuerza un argumento como reproducir un video, porque en la política moderna, los debates se ganan más con producción audiovisual que con ideas. ¿La democracia? Bien, gracias, observando desde la esquina mientras el Congreso perfecciona el arte del espectáculo indignado.

RESPETO.- A este debate se sumó Pedro Torres, Leticia Ortega, Cuauhtémoc Estrada, Jael Argüelles, Magdalena Rentería, Francisco Sánchez, Carlos Olson.  En un giro inesperado, la diputada presidenta Elizabeth Guzmán lanzó una audaz propuesta: debatir con seriedad y respeto. Una apuesta arriesgada en un Congreso donde la oratoria se mide en decibeles y la estrategia consiste en ganar por agotamiento, no por argumentos. Los legisladores, en un acto de diplomacia creativa, escucharon con atención, asintieron solemnemente y procedieron a continuar con la disputa de siempre.

Elevar el debate es un ideal noble; hacerlo realidad es otro espectáculo completamente distinto.

INICIATIVA.- Con el objetivo de proteger a los beneficiarios de programas sociales en situación de vulnerabilidad, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Zubía Fernández, presentó ante el Congreso del Estado una propuesta para reformar el Código Penal de Chihuahua. La iniciativa busca tipificar como delito de abuso de confianza el uso indebido de pensiones y apoyos otorgados por el Gobierno del Bienestar.

En un acto de creatividad legislativa, Zubía Fernández ha determinado que la mejor forma de salvaguardar estos recursos es ampliar el Código Penal. Porque, claro, en un país donde el desvío de fondos es casi una disciplina olímpica, nada más efectivo que agregar otro delito a la lista.

RECURSOS.- La iniciativa propone sanciones de hasta seis años de prisión y multas económicas para quienes desvíen, retengan o utilicen de manera indebida los recursos destinados a adultos mayores, personas con discapacidad o madres trabajadoras, especialmente cuando los apoyos sean administrados por familiares o personas cercanas.

La severidad de la medida promete incomodar a los responsables… o al menos brindarles otro obstáculo legal que sortear con astucia burocrática. Mientras tanto, los beneficiarios siguen esperando que la protección se traduzca en algo más tangible que buenas intenciones y reformas penales.

DELITO.- “No es justo que quien más necesita sea traicionado por su propia familia. Por eso proponemos que esta conducta se castigue como un delito”, enfatizó el legislador panista al presentar su iniciativa ante el Pleno del Congreso.

Porque, claro, nada grita eficiencia gubernamental como convertir el mal manejo de apoyos en un nuevo tipo de delito. Lo que realmente hará temblar a los infractores no será la ley, sino la proeza de hacerla cumplir en un país donde la impunidad es prácticamente un derecho adquirido.

RESPONSABILIDAD.- Zubía detalló que actualmente más de 583 mil personas en Chihuahua reciben recursos de programas como la Pensión para el Bienestar, Mujeres Bienestar o apoyos para personas con discapacidad. Sin embargo, en muchos casos el dinero no es administrado directamente por los beneficiarios, sino por terceros que no siempre actúan con responsabilidad.

Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que la mejor manera de asegurar la transparencia es simplemente asumir que todos jugarán limpio. ¿Mecanismos de control? ¡Para qué! Mejor confiar ciegamente en los “cercanos”, como si el nepotismo y la corrupción fueran criaturas mitológicas y no parte del paisaje cotidiano.

ABUSO.- Además, el diputado propuso que, si se comprueba que el abuso fue cometido contra una persona en condición de vulnerabilidad, la pena aumente hasta en una tercera parte, con el objetivo de reforzar la protección legal para quienes más lo necesitan.

Nada como una amenaza de aumento de pena para combatir el oportunismo. Porque está claro que quien ya planea apropiarse de estos recursos ilegítimamente, al enterarse del agravante, se arrepentirá de inmediato y devolverá hasta el último peso. Es reconfortante ver tanta fe en el efecto disuasorio de la legislación.

NORMATIVIDAD.- La iniciativa busca cerrar un vacío legal en la normatividad estatal, ya que actualmente no existen mecanismos jurídicos eficaces para sancionar este tipo de conductas. El proyecto fue turnado a comisiones para su análisis y eventual discusión en el Congreso.

Porque, si algo nos demuestra la burocracia, es que el mejor camino hacia la justicia pasa por los pasillos interminables de comisiones y mesas de discusión. Que nadie se preocupe, este tema será analizado, debatido y archivado con el meticuloso cuidado de quien no tiene prisa por resolver nada.

AMBULANCIAS.- Daniela Álvarez, presidenta del PAN Estatal de Chihuahua, acusó que la senadora Andrea Chávez “arrumbó” las ambulancias y unidades de salud que tenían su nombre y rostro, debido a que ya no puede promocionarse, señalando que la morenista “no está interesada en ayudar”.

ABANDONADAS.- Refirió la dirigente panista que las ambulancias que movilizaba la senadora “se encuentran abandonadas” y este 22 de mayo mostró imágenes que muestran los vehículos “arrumbados” en un domicilio en la zona periférica de Chihuahua capital.

SALUD.- Contrastó que la morenista dice querer “ayudar a los chihuahuenses de manera desinteresada”. Detalla que las imágenes son evidencias que tomaron ciudadanos en el lugar en la periferia, tanto de ambulancias como de las unidades móviles de salud “que evidentemente ya no traen el nombre de la senadora”.