Cambio de director en pensiones no garantiza que mejore la atención.
Liconsa no paga a los lecheros, por ello bloquearon la Panamericana.
Por la alarmante violencia infantil piden modificar la ley.

BURÓCRATAS.- Entre pancartas y gritos por parte de maestros estatales hartos de las deficiencias en el servicio médico, ayer se oficializó el nombramiento de Heriberto Miranda como nuevo director de Pensiones Civiles del Estado. Aunque, siendo realistas, los burócratas ya nos dejaron claro que no debemos esperar milagros; esto no significa que mañana el servicio se transforme en algo digno de aplaudir. Al parecer, el cambio de nombre en la oficina no necesariamente trae consigo un cambio en la calidad del café, ni mucho menos en la atención médica. ¡Que viva el optimismo burocrático!

RELEVO.- El Gobierno del Estado anunció que, desde ayer lunes 28 de abril, Heriberto Miranda Pérez ha sido nombrado por la gobernadora Maru Campos como nuevo director de Pensiones Civiles del Estado, reemplazando a Marco Antonio Herrera García. Este último deja tras de sí un legado nada envidiable: un rezago financiero de 9 mil millones acumulado en dos décadas. Claro, porque ¿qué mejor manera de empezar un nuevo liderazgo que con una montaña de deudas? Parece que el nuevo director tendrá que ser más mago que administrador para sacar adelante esta institución. ¡Que comience el espectáculo!

EXPERIENCIA.- Heriberto Miranda Pérez es médico de profesión egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene una maestría en Gestión Directiva en Salud y cuenta con amplia experiencia en el servicio público. Ha laborado desde 2006 en los Servicios de Salud de Chihuahua y desde hace 9 años en pensiones, en diversos encargos.  De 2023 hasta ayer, que se realizó su nombramiento al frente de pensiones, se desempeñó como jefe de Salud Pública en dicho organismo.

LECHEROS.- Este lunes las personas que viajaban a Delicias se toparon con la sorpresa de que la carretera está tomada a la altura de Meoqui. Los conductores que pasaban por ahí dijeron que para entrar a Meoqui es necesario tomar por debajo del puente de la Universidad Tecnológica de Camargo. Debido a esta situación hay una larga fila de tráileres que impiden el regreso, los lecheros esperan ser atendidos a la brevedad.

LICONSA.- El pasado mes de enero, los productores manifestaron que ya habían establecido comunicación con un funcionario de la Secretaría de Gobernación Federal en Chihuahua, quien les pidió abstenerse de realizar acciones de este tipo mientras él gestionaba con las oficinas centrales de Liconsa la liberación de los recursos pendientes.

INICIATIVA.- El diputado Alfredo Chávez Madrid, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa de reforma que busca fortalecer la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el estado de Chihuahua. Esta propuesta tiene como objetivo principal garantizar una mayor protección a los menores y promover estrategias más efectivas para prevenir la violencia y la delincuencia en la entidad. Según se ha señalado, la iniciativa pretende abordar vacíos legales y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de velar por el bienestar de la infancia y la seguridad pública.

Parece que el diputado está decidido a dejar su huella legislativa, aunque habrá que ver si esta reforma logra pasar del papel a la acción.

RIESGO.- La propuesta legislativa tiene como finalidad que todas las políticas de prevención social incluyan, de manera obligatoria, la perspectiva de infancia y juventud. Este enfoque busca garantizar que las estrategias preventivas aborden, desde su origen, los factores de riesgo que afectan directamente a estos sectores vulnerables de la población. Al integrar esta perspectiva, se pretende crear un marco normativo que priorice las necesidades específicas de niños y jóvenes, promoviendo su bienestar integral y reduciendo los impactos negativos de situaciones de riesgo como la violencia, la desigualdad y la falta de oportunidades.

Ahora bien, queda por ver si esta propuesta será el inicio de un cambio profundo o simplemente otro caso de “buenas intenciones archivadas”.

HOMICIDIOS.- Durante su intervención en tribuna, el diputado Alfredo Chávez Madrid lanzó una dura advertencia sobre las desgarradoras cifras de violencia infantil que prevalecen en el país. Señaló que, en 2022, se registraron 4 mil 197 casos de violación contra niñas de entre 10 y 14 años, una estadística alarmante que refleja la magnitud de la vulnerabilidad a la que está expuesta esta población. Para 2024, se alcanzaron máximos históricos en delitos como corrupción de menores y lesiones, intensificando la crisis. Además, en el primer semestre del mismo año, 483 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio doloso, un dato que evidencia la falta de estrategias efectivas para garantizar su seguridad.

DERECHOS.- “No podemos diseñar políticas públicas de prevención sin tomar en cuenta a nuestras infancias y juventudes; debemos actuar ya y colocar sus derechos en el centro de las decisiones”, enfatizó el legislador panista.

CAMPAÑAS.- La iniciativa propone una serie de acciones específicas para enfrentar los desafíos sociales y proteger a la infancia y juventud. Entre ellas, destaca la capacitación permanente de servidores públicos, diseñada para garantizar que quienes implementan las políticas cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios. Asimismo, contempla la creación de campañas que promuevan una cultura de paz, buscando erradicar las dinámicas de violencia desde su raíz.

El fortalecimiento de redes de apoyo comunitarias es otro punto clave, con el objetivo de fomentar espacios donde las comunidades puedan colaborar y proteger a sus miembros más jóvenes. Además, se plantea la apertura de espacios de participación para niñas, niños y adolescentes, ofreciéndoles voz y lugar en los procesos que afectan directamente su presente y futuro.

Finalmente, la iniciativa subraya la importancia de establecer sistemas de monitoreo y evaluación para garantizar que las políticas aplicadas no solo cumplan con sus objetivos, sino también sean ajustadas y optimizadas según los resultados obtenidos.